CGT denuncia la cesión de suelo público en Archidona

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El pasado 23 de marzo, el Ayuntamiento de Archidona anunció la firma de un convenio de colaboración con la empresa Fénix School para la construcción de un centro educativo privado. Se justifica dicho convenio aportando cifras de inversión y con promesas: que mejorará la economía de Archidona (con puestos de trabajo y venta de productos locales) así como garantizar la no “concertación” en un futuro.

Existen varias incongruencias en este convenio así como en la información transmitida desde el consistorio: por un lado en la cesión de suelo público a cambio de trabajo y consumo de productos locales y por el otro en el matiz de que “no afectará a la educación pública”.

Llama especialmente la atención que la alcaldesa matice que “no afectará a la educación pública”, que viene a “sumar” y no supondrá una concertación en el futuro. ¿Acaso no sabe la alcaldesa que la concertación de unidades no es competencia del Ayuntamiento de Archidona sino de la Consejería de Educación? ¿No sabe que, una vez cedidos los terrenos, será el propio centro quien solicite el concierto a la consejería?

CGT Enseñanza Málaga denuncia este proceso, pues irremediablemente afectará a la oferta pública. Como ya mencionamos en el estudio que evidencia la privatización de la educación, el descenso demográfico es una realidad -incluso la alcaldesa de Archidona habla de la pérdida de población en su municipio- que no afecta por igual a todos los niveles educativos. Se han perdido líneas en centros públicos en los últimos 10 años y desde delegación se siguen cerrando unidades con la excusa de la baja tasa de natalidad. Sin embargo, se mantuvieron los conciertos educativos e incluso se abrieron nuevas líneas en un claro trasvase de dinero público a manos privadas.

Bajo la falaz cantinela de la “libertad de elección”, pues en realidad solo quien tiene dinero puede permitirse asistir a un centro privado e incluso privado concertado, se persigue esquilmar la educación pública. Año tras año, no solo se eliminan unidades educativas de forma unilateral en los centros públicos (3000 menos en las etapas de infantil y primaria) y se incrementan las privadas concertadas (1200 más de infantil y primaria en el mismo período), sino que se está aprovechando el cierre de estas unidades para aumentar la ratio de alumnado. Este aumento dificulta enormemente la tarea formativa e incrementa de forma considerable el tiempo que los docentes dedican a tareas administrativas y gestiones burocráticas en general.

En definitiva, se sigue una política de abandono y ataque continuo a los servicios educativos públicos para que su deterioro sirva posteriormente como justificación de la entrada de empresas privadas en el sector. Eso sí, aludiendo siempre a la “libertad de elección”, que así la píldora pasará mejor y, sobre todo, se evitarán juicios más profundos.

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