Premeditación y alevosía para liquidar el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía

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Hace unas semanas nos hicimos eco de los rumores que pronosticaban el empeño de la Consejería de Educación por desmantelar y dispersar las enseñanzas que hasta la fecha se han venido impartiendo en el IEDA. No vamos a volver a extendernos en el desatino que supone vaciar de contenido, y tal vez extinguir, un centro público que ha sido modelo de gestión de las enseñanzas de personas adultas, y referente para otros territorios nacionales e internacionales.

Lo que queremos denunciar y hacer público ahora son las formas y el argumentario que esgrime la Consejería para vender a la opinión pública que la dispersión de las enseñanzas a distancia supone una mejora y que se justifica por la situación de pandemia que vivimos. Curioso: una pandemia que “obliga” a dispersar las enseñanzas a distancia, pero no a mejorar los espacios para la docencia presencial ni a reducir las ratios de alumnado por aula.

En primer lugar, hablemos del arma homicida. El cambio normativo que “autoriza” la dispersión de las enseñanzas a distancia en Andalucía se cuela de rondón en un decreto-ley (12/2020 de 11 de mayo) cuyo título oculta de manera falaz su funesta intención; el conocido como “decreto de playas”, por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). Y, para mayor encubrimiento, no es hasta la disposición final sexta (página 40) en la que, como quien no quiere la cosa, se modifica el decreto de 2011 que regula las enseñanzas a distancia en Andalucía y creó el IEDA para albergarlas.

Las enseñanzas en la modalidad a distancia se impartirán por el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía. Asimismo, se podrán impartir en centros docentes públicos y privados previamente autorizados por la Consejería competente en materia de educación.

Si pasamos a analizar el móvil del crimen, es difícil entender -y más difícil creer- las justificaciones de la Consejería:

“aprovechar la experiencia de la pandemia”, “extender este servicio”, “un salto de calidad en la enseñanza a distancia”, “facilitar al alumnado la posibilidad de obtener respuesta a sus circunstancias personales a través de estas enseñanzas»…

¿A quién pretende engañar el Sr. Imbroda con estas penosas excusas? ¿Se va a dar atención a más personas porque se las atienda desde más sitios? ¿Qué calidad aporta dispersar los equipos docentes de trabajo? ¿Afectará en algo a las circunstancias personales de quienes se forman a distancia mediante plataformas digitales que quien hay al otro lado apoyando su formación esté a menos kilómetros de su casa?

Por lo que se ve, los problemas de ratio que se den a la hora de atender en enseñanzas de idiomas, por ejemplo, no tienen importancia. En el IEDA hay grupos de 100 estudiantes frente a 20 o 30 de las Escuelas Oficiales de Idiomas. ¿Acaso va a aumentar las plantillas la Consejería? Eso no se lo cree nadie.

¿Se va a garantizar que la oferta de los nuevos centros que impartan la enseñanza a distancia incluya asignaturas o ramas minoritarias (Griego, Bachillerato Artístico, etc.)? Escépticos somos.

De lo que no nos cabe duda es de que la dispersión incrementará los problemas de infraestructuras, provocará más dificultades de gestión de los recursos técnicos y en nada beneficiará el trabajo en equipo, esencial para el personal que debe mantener y actualizar los contenidos educativos de las diferentes modalidades de enseñanza que hasta hoy ha albergado el IEDA.

¿Cuál es el principal y escondido cambio de esta reforma? Que gracias a la descentralización de estas enseñanzas se podrán impartir en centros docentes públicos y privados. Y hemos llegado al verdadero móvil de este cambio normativo, que, por supuesto, no se menciona en la nota de prensa de la Consejería.

Nos venden que es mejor que la educación a distancia se gestione de manera descentralizada, en más centros y más cerca de las personas usuarias, como si ayudara en algo tener que atender decenas de instalaciones en lugar de una sola, o como si fuera mejor estar más cerca físicamente del alumnado en una enseñanza a distancia. ¿Es que tienen previsto que si hay fallos técnicos las tareas se hagan llegar al alumnado por paloma mensajera?

El año que viene nos dirán que Google o MEDAC han solicitado licencia para impartir enseñanzas a distancia regladas, y con recursos técnicos mucho mejores que las precarias instalaciones de esas decenas de centros públicos que las imparten. Dentro de dos años se nos dirá que, por demanda social, es justo y necesario concertar esos centros privados para que sus enseñanzas sean gratuitas para toda la ciudadanía, aunque las paguemos a precio de oro mediante desvío de impuestos.

Esa es la hoja de ruta del Sr. Imbroda, que entró a gestionar la Educación Andaluza como zorro que cuida el gallinero, y que parece tener un ojo clínico para adivinar dónde quedan parcelas por privatizar, dado que en las enseñanzas regladas de Infantil, Primaria y Secundaria la Educación Pública ya está tocando hueso. Anticiparon su intención de potenciar los conciertos educativos en Bachillerato y FP, pero parece que han encontrado un filón con mucho más futuro y perspectivas de negocio: las enseñanzas a distancia.

Deslocalizar, descentralizar, externalizar, privatizar… esos son los verbos favoritos del consejero. Haremos todo lo posible para que no los siga conjugando.

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