LOMLOE: ¿Mercantilización de la Educación Pública?

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Análisis del debate mantenido en Huelva sobre los vaivenes de las leyes educativas y el interés de privatizar la enseñanza pública

Olga García Fernández coautora del libro Escuela o Barbarie junto a Carlos Fernández Liria y Enrique Galindo Ferrández, ponía de manifiesto, durante el debate organizado por CGT Huelva, los vaivenes de las leyes educativas según los intereses del mercado y la sociedad: “Si hace 250 años la escuela nace bajo el paraguas de los principios ilustrados cuyos objetivos eran que la humanidad alcanzase la libertad de pensamiento y que los derechos fundamentales estuviesen garantizados, hoy la LOMLOE y las últimas leyes educativas son el paradigma de la mercantilización de las sociedad y la educación. Defiende el espíritu capitalista neoliberal y prescinde de la coartada de cambio para mejorar el aprendizaje del alumnado. La finalidad del sistema educativo es formar futuros trabajadores adaptados a los cambios del mercado”.

En el libro se hace un repaso de la historia y cómo los cambios en el mercado han afectado al sistema educativo. Tras la II Guerra Mundial, la caída del modelo económico keinesiano que fue sustituido por el neoliberalismo, y las crisis del petróleo de 1973, desde un punto de vista político, la crisis fue leída por la derecha triunfante como un «problema de gobernabilidad». En 1975 ya se había advertido desde las esferas políticas de los peligros de un exceso de democracia. Desde los presupuestos neoliberales una población instruida y con capacidad crítica solo podía representar un “problema de gobernabilidad”, subraya la obra.

Los autores afirman que no es difícil suponer que, en un contexto así, los sistemas educativos se sitúan en un lugar fundamental y problemático. Un sistema de enseñanza público solo puede (y de hecho sirve para) generar “problemas de gobernabilidad”. Se les sitúa entonces en el centro de dos objetivos: Por un lado, su privatización puede ofrecer al capital internacional un jugoso nicho de mercado inexplorado. A nivel mundial, la educación representa un presupuesto anual de más de un billón de dólares, unos 50 millones de trabajadores en el sector y una clientela potencial de mil millones de alumnos y universitarios (p.71 Escuela o Barbarie). Para el nuevo orden capitalista, además, es fundamental que los sistemas educativos se adapten a las nuevas reglas del juego, que generen personas adaptables al mercado laboral cambiante y flexible, y que por supuesto sean “gobernables”.

En el debate se hace mención a D. Francisco Luna Arcos, Miembro del Consejo Escolar del Estado, del cual se dice que claramente expresa que: “es la primera vez que se toca la estructura curricular; hay que producir el cambio de mentalidad en el profesorado para que trabajen por competencias; el objetivo es formar personas que den respuesta a las necesidades internacionales y al capital”.

Pascual Gil Gutiérrez, profesor de Geografía e Historia y autor del libro Schola Delenda Est?, por su parte, nos situaba en el “concepto de competencia”, que surge en los años 70, en un estudio sobre empleabilidad y contratación como un indicador de conducta. Se trata de algo propio del mundo empresarial, de la empleabilidad y de los recursos humanos totalmente ajeno al mundo educativo, decía. El término fue adoptado por las empresas en sus procesos de selección, dentro de la teoría del capital humano.

Según este marco de “competencia”, opinaba Pascual, el trabajador debe ser flexible y adaptarse a un mercado laboral inestable, lleno de riesgos e incertidumbres. Posteriormente, en los 90, y derivado del concepto de competencia, surge el de gestión o inteligencia emocional (Goleman), también vinculado a la empleabilidad y la productividad.

Añadía que términos como “competencia, inteligencia emocional, reciclaje a lo largo de la vida, adaptabilidad, flexibilidad, productividad, riesgo, incertidumbre”, colonizan la legislación educativa. Según este enfoque, las competencias son independientes de cualquier tipo de conocimiento y son aplicables a cualquier ámbito, sin necesidad de dominar una materia. Se trata, pues, de un significante vacío, indefinido. Así, se está diseñando todo un currículo en función de un concepto cuyo significado es impreciso.

La mercantilización de la educación nos lleva al siguiente escenario : se necesitarán polos de excelencia, encargados de satisfacer la demanda de mano de obra altamente cualificada, por un lado. Por el otro, simplemente bastará con una masa de mano de obra adiestrada en una serie de competencias básicas y genéricas, que les permitan a lo largo de su vida irse adaptando a las demandas del mercado en distintos puestos, fundamentalmente en el sector servicios […] Para esto no hacen falta conocimientos, sino una gama de «habilidades sociales» y de capacidades comunicativas que les permitan interactuar de manera eficiente con el entorno (p.106 Escuela o Barbarie).

La nueva ley educativa supedita la educación a la formación de trabajadores. Al eliminar los contenidos “inútiles” para el mercado, la educación se convierte en un entrenamiento para futura mano de obra, los conocimientos humanísticos y políticos que permiten a la población estar en «las mejores condiciones (intelectuales y materiales) para participar activamente en el debate político y democrático, es decir, público», están reservados solo para los pocos que la puedan costear (privatización). La educación a la que accede la mayoría de la población en un “entrenamiento laboral”.

A todo ello debemos añadir que la nueva ley es ininteligible, decía Olga García Fernández: las últimas leyes educativas, incluida la LOMLOE, son defensoras del pedagogismo y no de la pedagogía. El nivel de abstracción de la nueva ley dificulta que el profesorado la entienda y provoca que se vea incapaz de meter mano a las programaciones del próximo curso. Ejemplos los tenemos en todas las comunidades autónomas, donde los centros de formación del profesorado ofertan cursos para formar a los docentes en la realización de las programaciones educativas y “situaciones de aprendizaje”.

Otra consecuencia de las “las leyes educativas exprés” es la obligación de los claustros a reinventarse: en esencia es lo mismo, pero con más burocracia. El nuevo proyecto restaura y vuelve en parte a la LOE pero con más sobrecarga burocrática, a lo que se añade la falta de personal.

El hastío del profesorado por la carga burocrática y leyes educativas que no se entienden crece exponencialmente, poniendo en riesgo la calidad de la educación. El docente se convierte en un mero ejecutor de tareas definidas por la norma.

Ignacio Rivas Flores, Catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la UMA, nos decía: “estas leyes abandonan el discurso educativo para abrazar un discurso mercantilista, la LOMLOE no es la única ni la primera en hacerlo. El problema no es la LOMLOE como tal, sino la colonización que el capitalismo hace de todas las leyes educativas, apropiándose de ellas y poniéndolas al servicio de sus intereses, por muy potentes o transformadoras o promotoras de cambio que puedan ser sus propuestas”.

Si te perdiste el debate y quieres profundizar en el mismo, te invitamos a acceder a los siguientes enlaces:

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