La escuela pública en Huelva sigue perdiendo

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El sindicato CGT denuncia que la escuela pública recibe nuevamente un trato desfavorable respecto a la privada-subvencionada, cuyo blindaje ha sido recientemente renovado, en la escolarización para el curso próximo.

Este pasado mes de enero los centros educativos privados con enseñanzas financiadas mediante dinero público han podido solicitar la renovación de los conciertos de sus unidades de primaria. Según datos de la Consejería de Educación, en Huelva capital, la privada-concertada supone ya un 40% de la oferta de unidades escolares en el conjunto de infantil y primaria. Por zonas, las más afectadas son la zona seis (Torrejón), con un 52% de concertada, y las zonas tres y cuatro (centro), con un 66 y 63% respectivamente, de concertada.

La Administración Educativa, lejos de tener en cuenta esta anomalía, así como la decreciente natalidad, para reducir la oferta de conciertos, los ha renovado todos en la capital. Así, estos centros de titularidad privada verán su oferta blindada desde hoy hasta el curso académico 2028/2029. Si hay que recortar, se recortará la escuela pública. Sabemos que la Administración no vacila en recortar lo público, incluso en cerrar centros al completo, como ha ocurrido con el CEIP Tres Carabelas, mientras que mantiene intocables los centros privados de la zona.

Mientras tanto, los centros públicos se ven abandonados a su suerte, o bien, obligados a competir entre sí. Es el caso de los colegios públicos San Fernando, Prácticas y el nuevo colegio del Ensanche, los tres adscritos a la misma zona de escolarización. Los dos primeros, siendo colegios habilitados para dos y tres líneas respectivamente, parten actualmente con una línea (oferta inferior a la de años anteriores), mientras que el nuevo colegio, estando diseñado para tres líneas, parte con dos en tres años y con una para el resto de niveles. Mientras tanto, los cinco colegios privado-concertados de esa misma zona mantienen su oferta, que queda blindada para otros seis años. Habiendo capacidad de sobra en los centros públicos, nos preguntamos por qué se mantiene la financiación a la privada. ¿Dónde está el «uso racional de los recursos públicos» a la que la administración se aferra cuando se le solicita, por ejemplo, más personal para atender al alumnado con necesidades educativas?

Cuando hemos planteado esta situación de gravedad a los nuevos responsables de la Delegación de Educación de Huelva, la respuesta siempre es la misma. Se nos dice que los centros educativos públicos deben «venderse mejor» y además lo que cuenta es la «demanda social». La decisión es «técnica y no política». Se ignora el hecho de que la escuela pública juega en inferioridad de condiciones ya que, entre otras cosas, no está blindada por ley durante periodos de cuatro o seis años. No ven la escuela pública como derecho fundamental y como servicio esencial, sino que intentan imponerle las reglas de juego del mercado privado. Cambian las siglas políticas, pero para la pública, todo sigue igual. Lamentablemente, esto no es una sorpresa para nosotras, pues fue esta Consejería con mayoría absoluta la que creó la Dirección General de Enseñanza Concertada. Todo esto es posible porque el gobierno central desaprovechó la aprobación de la LOMLOE para incidir en la prevalencia de la escuela pública.

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