El Gobierno andaluz vulnera, una vez más, la Ley de Educación Andaluza

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CGT considera una nueva vulneración de Ley de Educación Andaluza (LEA) el decreto aprobado por el Gobierno de la Junta de Andalucía. En dicho decreto se establece que la atención al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) por parte de Profesionales Técnicas en Integración Social (PTIS) e Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE) sean servicios complementarios a la Educación.

Desde CGT rechazan frontalmente el decreto e indican que va en contra de la propia LEA, que “no contempla el apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales como un servicio complementario, sino que regula que esa atención y apoyo corresponde al profesorado y a profesionales cualificados”.

Desde CGT recomiendan a Imbroda que se “lea la LEA” y le recuerdan que, según esta, “los servicios complementarios de la Educación se refieren a las aulas matinales, los comedores escolares, el acompañamiento del transporte escolar o las actividades extraescolares, y en ningún caso en la atención al alumnado NEE”.

Para el sindicato, “la atención al alumnado con necesidades educativas especiales no puede quedar en un simple servicio complementario” y denuncia que “el alumnado con mayores necesidades educativas, el más vulnerable y que más sufrió durante la pandemia el abandono educativo por parte de la Junta, es de nuevo menospreciado por la Consejería de Educación que dirige Javier Imbroda”. Y añade que “este alumnado, que ya de por sí recibe una atención extremadamente precarizada debido al abandono por parte de la Administración y a la falta de recursos y de docentes de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Orientación Educativa, se encuentra hoy en una situación crítica por culpa de este decreto de la vergüenza”.

CGT denuncia que el decreto supone, además, un nuevo peldaño en la privatización de lo público, pues “deja la contratación del personal en manos de empresas privadas a través de la Agencia Andaluza de Educación” y que “la atención educativa es un derecho del alumnado que en ningún caso debe regirse por la lógica del beneficio empresarial. Por eso, el alumnado tiene que ser atendido por personal público que no está movido por intereses particulares como el poder o la riqueza y no por empresarios que solo buscan lucrarse”.

El sindicato de enseñanza afirma que “ninguna empresa asume un servicio para perder dinero, ya que su motivación es precisamente económica. Por eso, privatizar un servicio público siempre conlleva las mismas consecuencias: un enriquecimiento de los intermediarios, que en este caso son las empresas privadas, a costa de precarizar a las plantillas y adelgazar las arcas públicas. Y todo para, como estamos cansadas de ver, ofrecer un servicio de peor calidad”.

Por esto CGT INSTA a la consejería a la retirada de este decreto y PROPONE la gestión pública del personal para la atención educativa (que no servicio complementario) en consonancia con la actual ley educativa LEA.

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