Sobre el Proyecto de Ley de FP remitido por el Gobierno al Parlamento

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Una vez aprobada la “ley Celáa” (LOMLOE), el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al Proyecto de Ley General de FP cuyo Anteproyecto fue elevado al Consejo de Ministros en junio pasado.

Aunque aparentemente  solo se trata de reformar la “FP del sistema educativo”, tras las modificaciones que la LOMLOE ha introducido en la Ley Orgánica de Educación y en la Ley Orgánica de las Cualificaciones y la FP, este Proyecto de LEY que inicia ahora el trámite parlamentario apunta a una reforma, pactada ya con la patronal, que afectará a todo el sistema de Formación Profesional.

Con una orientación privatizadora y al servicio del mercado y las élites económicas, la reforma de la FP es también, con las reformas laborales aún vigentes, un instrumento de regulación indirecto del mercado de fuerza de trabajo contra los intereses de la población trabajadora y en particular de los y las jóvenes.

La euforia con que ha sido acogido el anuncio de la ley y el silencio de las fuerzas sindicales mayoritarias nos obligan a alertar desde nuestro sindicato CGT sobre las consecuencias de esta reforma.

A modo de resumen, enumeramos los principales rasgos del Proyecto de Ley:

– Consagración definitiva de la FP Dual como opción preferente y casi única de todo el sistema de FP y en especial de la “FP del sistema educativo”.

– Reconversión de la actual Formación en Centros de Trabajo (FCT) en prácticas en empresa hasta el 50% del total de horas de los ciclos formativos.

– Revisión en profundidad del Sistema Nacional de Cualificaciones y de la “estructura y organización de los Títulos” que otorga un protagonismo excepcional al empresariado y sus expertos, reformando tanto el Observatorio como el Instituto Nacional de Cualificaciones.

– No se garantiza que el alumnado vaya a tener contrato y remuneración salarial en la fase de formación en empresa de la FP Dual a pesar del aumento de horas.

– Se apuesta por una extensión y ampliación de la estructura modular y un aumento de la oferta de módulos, clasificados en niveles de cualificación de A a E, que se podrán cursar “a la carta” como unidades acumulables y “capitalizables”.

– Se pondrá en marcha  un  “sistema integrado de orientación profesional” que “integre, rentabilice y optimice” las acciones de orientación en manos del Consejo General de la FP y supondrá una reconversión en clave laboral de la orientación educativa. 

– Se consagra de forma imperativa la “movilidad” y la “flexibilidad” tanto del alumnado como del profesorado con la vista puesta en consolidar el  mercado europeo de fuerza de trabajo.

– La reforma, en paralelo con la digitalización de la industria, el comercio y los servicios,  apuesta por un impulso decisivo a la digitalización del campo educativo, la enseñanza telemática y el aumento de la oferta de formación y competencias digitales en consonancia con la robotización y la uberización de la economía.

Otra vuelta de tuerca a la privatización de la Formación Profesional: al servicio de la patronal.

Una característica muy significativa de la nueva ley es la apuesta decidida por la privatización en un doble sentido:

– Por una parte, se estimula el aumento de la oferta de ciclos medios y superiores en centros privados y concertados en detrimento de la oferta pública prácticamente congelada. Este proceso se ha acelerado vertiginosamente ante las perspectivas de negocio que se han abierto con el I Plan Estratégico, el reciente Plan de modernización y el Proyecto de Ley de FP del gobierno PSOE-UP. La creación de nuevos centros de FP privados experimenta un crecimiento espectacular en los últimos meses. Los fondos buitres están invirtiendo y se está empezando a inflar una auténtica burbuja de FP. El evidente déficit de oferta de plazas que la pública no asume para corregir los desequilibrios que la propia administración reconoce es un filón para la privada. Esto, obviamente, es un factor de desigualdad ya que quienes puedan pagárselo «elegirán» centros privados que «venden» conexiones privilegiadas con empresas y ofertan ciclos supuestamente mejor situados de cara al empleo.

– Por otra parte se observa también una privatización endógena: la oferta de FP tanto pública como privada se pliega totalmente al imperativo del mercado de trabajo y a los intereses privados de las empresas. Cada vez más, el sistema de FP se convierte en una máquina al servicio directo de las empresas. La nueva ley en proyecto consagra la tendencia iniciada en 2012 que los gobiernos andaluces, antes del PSOE y ahora del PP, han hecho suya.

Una de las pretensiones del proyecto de ley, en el contexto del Plan Estratégico de Modernización de la FP, es “reforzar el vínculo entre el mundo del trabajo y el mundo de la educación y la formación”. Este loable objetivo lo que significa es servir en bandeja de plata a los empresarios una masa de jóvenes, condenados a la explotación laboral, los bajos salarios, la temporalidad y la precariedad, el “capital humano” necesario y suficiente para que no se disparen los costes de personal, profundizando el régimen actual de subempleo generalizado. Ninguna reforma de la FP va a acabar con la temporalidad y la precariedad laboral mientras no se incluya en el pack la derogación de las reformas laborales.

Según los datos del INE, los empresarios han reducido su inversión en formación en más del 50% en los últimos 9 años. Esta es la laguna que pretende colmar la nueva Ley a costa del erario público. Esto muestra claramente la escasa voluntad del empresariado y del Gobierno para emprender una transformación en profundidad del modelo productivo basado en el sector servicios. Sin esa transformación, es poco creíble que el aumento de las cualificaciones vaya a disminuir el desempleo juvenil.

Aunque esta reforma de los Ciclos Formativos y de los títulos de FP se lleve a cabo desde la perspectiva del Sistema Educativo y sea asumida por el Ministerio de Educación, se reserva al empresariado un protagonismo inédito hasta ahora. La intención es llevar el poder de la patronal  hasta el interior mismo de la FP del Sistema Educativo: el diseño de los títulos de FP queda en manos de quienes definen las cualificaciones profesionales según sus intereses económicos unilaterales.

En cuanto al alumnado…

El objetivo de la reforma de la FP es gestionar ese periodo llamado de “transición profesional” a base de breves periodos de trabajo temporal y/o informal y periodos de formación. A ello apunta la ampliación de la modularidad “a la carta” a base de unidades formativas, los módulos de niveles A a C, “capitalizables” y acumulables en la “carpeta personal de competencias”.

Este sistema de acumulación de “unidades formativas y competenciales” se convierte en una trampa para los “aprendices” que, ante la falta de empleo, se verán llevados a continuar formándose: la única salida de la formación ya no es asegurarse un empleo, aunque esa eso lo que venden. Se trata también, al mismo tiempo, de cerrar las puertas de la enseñanza superior a la mayor parte de la juventud con menos recursos y condenar a millones de jóvenes a los flujos y reflujos entre diferentes vías formativas y entre la formación y el empleo. Esta es la vida que les espera a millones de jóvenes -y no tan jóvenes- aprendices: ni trabajadores ni estudiantes, atrapados en el “aprendizaje a lo largo de la vida”, como el hámster en su rueda. Se trata de mantener a una parte importante de la población juvenil en el estatus de “aprendiz”: ni parado ni estudiante, pero permanentemente disponible y “empleable”. Por eso es fundamental la “movilidad” y la “flexibilidad” de las y los “aprendices”. Todo ello en un mercado de trabajo precarizado y con unos niveles de malestar y angustia que ponen en peligro la salud mental, que se suplirá malamente con las softskills y el buenrollismo de la empleabilidad, el emprendimiento, la resiliencia y las autoayudas para superar barreras.

Que la FP Dual sea la modalidad de referencia de la FP del Sistema Educativo es la justificación perfecta para que el trabajo de aprendiz en una empresa no sea remunerado: se supone que durante ese trabajo el alumno/a-aprendiz ya obtiene  algo a cambio: formación, “empleabilidad”, con la cual aumenta su “capital humano”. Según esta lógica, que es la lógica neoliberal, no hay por qué remunerarlo más…

La empleabilidad y la competencia entre aspirantes al empleo escaso, inestable y precario, se convierten en norma de funcionamiento del sistema, descargando sobre los propios trabajadores y trabajadoras la responsabilidad de su destino laboral y profesional. Sin perspectivas de una creación efectiva de empleo, esta ley solo aspira a maquillar las elevadas cifras de paro juvenil.

En cuanto al profesorado…

La perspectiva mercantilizadora y privatizadora de la ley  supone una ampliación del mercado de la FP que va a beneficiar exclusivamente a la iniciativa privada, favoreciendo la ampliación y diversificación de la oferta de los centros de privados de FP y las empresas privadas de formación.

La promesa de aumentar en 200000 el número de plazas de FP ofertadas en los ciclos medios y superiores, si no hay un aumento significativo de ciclos e incluso nuevos centros de FP públicos, servirá para engrosar el negocio privado de la FP: ya es evidente la proliferación de nuevos centros privados que absorberán gran parte del presupuesto. La propaganda tanto del Gobierno como del lobby empresarial está logrando aumentar la demanda de FP por parte de los y las jóvenes. Pero el Gobierno no da señales de aumentar la oferta pública de plazas de FP.

Si a ello añadimos el impulso a de la modalidad a distancia (telemática) se abre la puerta a la “uberización” y precarización del personal docente, tanto en la pública como en la privada.

Haciendo una estimación de lo que significa esa privatización en Andalucía en cuanto a puesto de trabajo en los centros públicos, dedicando en la FP Dual el 25% del tiempo total para formación en empresas y según la oferta de plazas de FP del curso 2020/2021, en los centros públicos andaluces perderían su puesto de trabajo 2750 docentes. Casualmente, esto coincide aproximadamente con el porcentaje de interinidad: estamos por tanto ante una sustitución de profesorado interino de la pública por trabajadores/as de la empresa privada que hacen de formadores. Negocio redondo con el despido masivo de docentes temporales públicos por la vía de las reformas estructurales. 

Mientras “la voz de su amo” –los empresarios- es la única que se oirá, al profesorado se le considera como simples piezas intercambiables y móviles en un tablero donde las reglas de juego las imponen los poderes económicos. El protagonismo de la nueva figura, el “tutor de empresa”, y el desembarco de expertos de las empresas en los centros de FP pone al profesorado en una situación más que precaria, además de hacer posible reducciones de plantilla. Además del desprecio que supone la falsa e injusta solución que la Disposición adicional undécima de la LOMLOE supone para el Cuerpo de PTFP, al profesorado se le exige movilidad, flexibilidad, competitividad y capacidad de iniciativa e innovación. Es decir, que se conviertan también en emprendedores flexibles, móviles e innovadores, gestores de su carpeta personal de competencias.

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Por todo lo anterior, desde nuestro sindicato CGT solo podemos manifestar nuestro más enérgico rechazo a esta propuesta que, con las políticas más neoliberales que podríamos imaginar de la mano de este gobierno de PSOE-UP, hace de la educación y la formación un negocio que privatizar. Casualmente, no se diferencian de las propuestas del gobierno andaluz de PP y C’s con el apoyo de VOX, que tenía como una de sus 100 medidas estrella para el cambio en Andalucía el impulso de la FP Dual: cuando llega la hora de la verdad, en políticas económicas y privatizadoras van todos de la mano.

Ante este panorama desolador para la educación y la formación profesional públicas, desde CGT denunciamos este Proyecto de ley porque:

  • Supone poner la formación profesional al servicio de los intereses privados de las empresas y no de las necesidades del alumnado o de la sociedad en su conjunto, cuando la formación profesional es un servicio público que debiera velar por el interés general.
  • Se elimina la vocación social, formativa y educativa de la formación profesional, dejándola solo con la perspectiva economicista y productivista.
  • Creará falsas expectativas de inserción laboral como si el modelo dual pudiera resolver los problemas estructurales de desempleo juvenil. Se fomenta la falsa creencia de que los problemas de empleo se resuelven solamente con formación profesional.
  • Las empresas persiguen su beneficio privado y, por tanto, no serán objetivas a la hora de evaluar los contenidos curriculares de los diferentes módulos de Formación Profesional: a la hora de la evaluación y la contratación seguirán priorizando sus propios intereses.
  • Este nuevo modelo implicará una desinversión en los centros educativos, con disminución de equipamientos, recursos y profesorado bajo la excusa de que estos ya se encuentran en las empresas.
  • Genera un cambio en la misión de los centros educativos, fomentando la competencia entre el propio alumnado por “su puesto formativo y su empleabilidad” y relegando la función educativa y el carácter igualitario de la educación.
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