La Junta de Andalucía anuncia un nuevo despido masivo de profesorado interino en forma de ERE encubierto al ofertar miles de plazas en enseñanza sin ninguna garantía de continuidad para el profesorado que está trabajando en la actualidad.
Desde CGT exigimos un plan de estabilidad para el profesorado que ha demostrado con creces su valía en sus puestos de trabajo y a los que ha accedido según criterios de igualdad, mérito y capacidad. Por justicia, hay que garantizar que “quienes están se quedan”.
Se debe establecer un acceso diferenciado (doble vía) a la función pública ante esta situación excepcional creada por la propia administración al abusar de la contratación temporal de manera injustificada durante todos estos años. Se trata simplemente de reservar unas plazas para promoción interna (consolidación real) que permitan a funcionarios interinos convertirse en funcionarios de carrera y otro grupo de plazas para que los aspirantes a interinidad tengan posibilidades de conseguir una plaza, como se hace en otras administraciones.
Entendemos que la oferta de empleo público en Educación que va a sacar la Junta de Andalucía para nada es un logro, como nos quieren vender la administración y algunos sindicatos. Ofertar unas plazas que llevan años ocupadas por personal interino en fraude de Ley y llamarlas “plazas de estabilización” sin tener en cuenta a las personas que las ocupan actualmente es en sí otro fraude. Hablen mejor de plazas de desestabilización o intercambio de cromos, porque así es como se van a sentir estas personas sustituidas por otras. Legítimamente, estas plazas pertenecen a las personas que han venido cubriéndolas desde hace tiempo, con grandes sacrificios personales y familiares en muchos casos.
Ante esta situación exigimos a la Consejería de Educación que establezca un acuerdo de estabilidad que garantice que ningún docente se vaya a la calle como consecuencia de este proceso de acceso a la función pública docente.
No podemos olvidar en este sentido las recomendaciones de la Unión Europea, que lleva años sancionando a España por abusar de la figura del funcionario interino y que exige se reduzca al 8%. El personal funcionario interino en la educación andaluza casi triplica el porcentaje máximo establecido por Europa y esta es una situación excepcional provocada de manera interesada y generalizada por las distintas administraciones.
La solución debe pasar por garantizar la estabilidad y continuidad de las personas trabajadoras consolidando sus puestos de trabajo, no expulsándolas: “Quienes están se quedan”.