La Junta de Andalucía aumenta el presupuesto que recibirá la concertada mientras que no cubre las ausencias de la pública.
479 centros privados financiados con dinero público de Andalucía verán aumentar sus presupuestos en la partida “otros gastos”, frente a los 1138 públicos andaluces que, en contrapartida, ven aminorar las plantillas del personal de limpieza y el tiempo que está contratado: seis horas el curso 2020/21, cuatro horas en el 2021/22 y, por último, tres en el 2022/23.
El Decreto-ley 6/2022, de 20 de septiembre, no deja lugar a dudas: por el mismo, y con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas para la mejora de los módulos de los centros educativos concertados, ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).
Según dicha normativa, la finalidad de dotar de mayores recursos económicos a los centros concertados, para reforzar la limpieza de sus instalaciones y procurar equipos de protección individual contra el coronavirus COVID-19 al profesorado y al personal complementario que atiende las aulas específicas de educación especial, se hace en cumplimiento de los requerimientos exigidos en esta materia por las autoridades sanitarias.
En el decreto, sin embargo, no se contempla un aumento presupuestario similar para los centros públicos: ¿será que estos no necesitan de recursos extra? En los dos últimos cursos, el déficit endémico de este personal se ha notado menos por la presencia de los apoyos de limpieza por el COVID
La Junta de Andalucía asume que, “aun cuando el presente curso escolar 2022/23 ha comenzado a desarrollarse en unas condiciones epidemiológicas diferentes, resulta necesario continuar adoptando las medidas específicas de higiene y limpieza mencionadas”. No obstante, continúa detrayendo plazas, las amortiza, las desdota, no cubre las ausencias y vacantes o lo hace con retrasos de meses y meses. Esto provoca sobrecargas, lesiones y que los centros no estén en condiciones. Las personas que se dedican a la limpieza de los centros no se pueden estirar como el chicle.
El objetivo está claro: externalizar, privatizar, desmantelar lo público. Desde CGT defendemos una educación 100% pública (personal de limpieza, de cocina, monitores escolares, de comedor, intérpretes, mediadoras comunicativas), sin la intromisión de intereses empresariales.