Cuando los protocolos de la Junta no bastan
El reciente y trágico suceso en Benalmádena pone de manifiesto el colapso de un sistema educativo que fía la vida del alumnado a la burocracia. Como profesionales, nos sumamos al dolor de la familia, pero como docentes, denunciamos que la Administración nos deja solos ante una crisis de salud mental sin precedentes.
La responsabilidad política
El duelo de una familia es respetable y no puede ser juzgado. Sin embargo, no tiene excusa el papel y la actitud de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Desde el primer minuto, el lenguaje utilizado por la consejera y el delegado ha buscado eludir responsabilidades, dejando entrever una posible negligencia del centro.
Es la paradoja del sistema: los docentes pueden enfrentar responsabilidades civiles o penales, pero los políticos que niegan recursos y firman leyes insuficientes jamás dimiten ante negligencias manifiestas.
Protocolos de papel: 14 pasos y cero recursos a su disposición
En octubre de 2023, la Junta de Andalucía aprobó el Protocolo de actuación ante conductas suicidas. Un documento extenso (54 páginas contando el manual) que, en la práctica, es una cáscara vacía:
- Cero recursos nuevos: No hay ampliación horaria ni refuerzo de personal especializado.
- Comisiones inoperantes: Se crean comisiones provinciales de apenas dos personas para miles de centros.
- Recortes encubiertos: Se eliminaron las horas de Coordinación de Salud que nacieron con el COVID, justo cuando más falta hacían.
«La Inspección nos dice que el protocolo es lo único que nos ‘salvará el pellejo’, pero no somos psicólogos; somos filólogos, matemáticos o filósofos desbordados por ratios inasumibles.»
La brecha digital y el microbullying
La salud mental adolescente ha empeorado drásticamente por dos pandemias: la vírica y la de las redes sociales. Es físicamente imposible vigilar el microbullying en plataformas privadas desde un centro educativo. Mientras los gobiernos no frenan a las grandes tecnológicas, la Junta les «pone la alfombra roja» permitiendo el acceso a datos de 750.000 alumnos, mientras el currículum no deja tiempo real para educar en responsabilidad digital.
El fracaso del sistema es un fracaso político
Un suicidio es un fracaso social. En Benalmádena, una de las zonas con mayor presión demográfica, la situación es sangrante:
- Ratios disparadas: Más de un 2% del alumnado tiene protocolos abiertos por bullying o conductas autolesivas.
- Externalización del apoyo: Son las AMPAs y los ayuntamientos quienes, vía presupuestos participativos, están pagando psicólogos externos ante la inacción de la Junta.
- Sobrecarga del Orientador: Un solo profesional para 500 o 1.000 alumnos debe elegir entre atender al alumnado o rellenar papeles para la Administración.
Democracia secuestrada en los centros
¿Por qué no hay más protestas? Porque la normativa actual ha minado la democracia escolar. Las direcciones, elegidas sin contar con el claustro, se han convertido en un engranaje más de la Delegación, coartando la libertad de crítica y legitimando recortes. El profesorado, agotado por una burocracia que no salva vidas, solo cubre expedientes.
Proteger a nuestro alumnado requiere más que reformar un PDF de 14 pasos. Exigimos una inversión real en educación pública, la incorporación de perfiles profesionales no docentes (psicólogos y expertos en tecnología) y una reducción drástica de las ratios. La prevención no es burocracia; la prevención son recursos humanos.