Empecemos por explicar en qué consiste esto de Muface, antes de hacer propuestas y ver alternativas.
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) se crea en 1975 como organismo único de adscripción obligatoria para todo el funcionariado civil. Su creación en aquel contexto podría tener cierto sentido porque permitió dotar de cobertura sanitaria a las empleadas y los empleados públicos, algo de lo que carecían en ese momento, puesto que en España hubo que esperar hasta 1989 para tener una sanidad universal y gratuita que asegurara la atención a toda la población. Por tanto, todo el funcionariado pertenece a Muface, pero puede elegir que la cobertura sanitaria se la dé la Seguridad Social —como al resto de la gente— o una mutua privada de las que actualmente prestan este servicio: Asisa (cuya única accionista es la cooperativa de médicos Lavinia), Adeslas (propiedad de Mutua Madrileña y CaixaBank) y DKV (propiedad de la empresa alemana Munich Re, la reaseguradora más grande del mundo). En las últimas décadas, el porcentaje de funcionariado que elige la Seguridad Social ha ido aumentando, hasta situarse actualmente en un tercio del total.
Evidentemente, estas mutuas cobran del Estado por prestar esa cobertura sanitaria al personal funcionario, así como a sus familiares; una cantidad que ronda los 1300 millones de euros anuales. Sí, el Estado paga con dinero público a entidades privadas para que den una cobertura sanitaria al funcionariado público —al margen del sistema público de salud—, distinta a la del común de los mortales. Suena raro, ¿verdad?
Vayamos con el problema que “se ha generado” en las últimas semanas. Toca renovar conciertos, y las mutuas quieren más dinero. Dicen que tienen déficit y que no es suficiente con la propuesta de incrementar en un 17 % la asignación por mutualista, que quieren un 38 % más, por lo que dejan desierta la licitación. Atención: son las mismas mutuas que declaran unos beneficios anuales millonarios y que “invitan” a sus pacientes con tratamientos más costosos a que elijan la sanidad pública, ya que no son rentables para el negocio.
Conviene aclarar que lo de las mutuas es una anomalía (aunque en nuestro ámbito no lo sea), pues la mayoría del personal funcionario no tiene esa opción. También es importante recordar que quienes están en esas compañías tienen cada vez más edad, y eso es lo que no les sale rentable a las empresas, porque a más edad, más enfermedades. Mientras la proporción de ese personal fue mayoritariamente joven o «estaba equilibrada», todo fue bien. Es como contratar un seguro del coche y no dar partes; eso es perfecto para la aseguradora: te cobra y, por lo general, no le supones ningún gasto (en caso de percances, te suben la cuota y compensan con creces sus ingresos).
Ahora se abre un escenario en el que el Gobierno central puede darle carpetazo al actual modelo sanitario que, como hemos visto antes, es un vestigio de un pasado muy diferente a nuestro presente. Puede hacer dos cosas:
- Puede acceder a la exigencia de las mutuas de un incremento de la asignación anual y mantener este sistema obsoleto, discriminatorio y que roba recursos al sistema público sanitario y a la Seguridad Social, legitimando a unas mutuas que tienen como objetivo prioritario el negocio —no lo olvidemos— con el dinero de toda la ciudadanía, incluida aquella sin capacidad económica para elegir un privilegio equiparable. Es decir, puede continuar con la subvención con fondos públicos a las grandes aseguradoras privadas. [Quien fuera viceconsejero de Salud hasta el 27 de diciembre, Miguel Ángel Guzmán, empezó a trabajar unos meses después como director médico de ASISA para Andalucía, grupo que facturó más de 600 millones en 2023, coincidiendo con la saturación de las listas de espera en el Sistema Público.]
- O puede aprovechar el contexto para dar un paso definitivo hacia la expansión y mejora del sistema sanitario de la Seguridad Social, invirtiendo en él todo el dinero que se iba a entregar a las mutuas y absorbiendo la asistencia sanitaria de ese millón de personas que actualmente son atendidas en dichas mutuas. Hay que recordar que, a pesar del deterioro sufrido en los últimos años, aún tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo —el estudio anual de Bloomberg lo sitúa en el tercer lugar, solo detrás de Hong Kong y Singapur—. Tenemos la obligación de defenderlo contra una ola privatizadora que, de la mano de gobiernos adalides de la destrucción de todo lo público, necesita infradotarlo para que la población que pueda —o a base de créditos— contrate los seguros privados para beneficio de unos pocos que —¡oh, sorpresa!— a veces coincide que son del círculo más próximo de tales gobernantes —amistades y familiares, por ejemplo—.
Desde CGT apostamos por esta segunda vía, ya que creemos que nuestro sistema sanitario público es perfectamente capaz —si se le dota de recursos— de asumir ese 2 % de incremento de personas que atender. No parece un aumento desmesurado si el Gobierno central y los autonómicos apuestan decididamente por proporcionar la mejor cobertura sanitaria posible a toda la población. Así lo determina también el Ministerio de Sanidad. Es imprescindible que todos los recursos sanitarios vayan a la Seguridad Social, para dar la asistencia sanitaria al funcionariado, y al resto de personas, en centros públicos. Esto permitiría contratar a más personal para reducir las eternas listas de espera y, en general, para ofrecer una mejor atención sanitaria. Lo que no podemos permitir —y hay que estar especialmente vigilantes al respecto— es que se quiera aprovechar la coyuntura del paso a la Seguridad Social de este 2 % para que con fondos públicos se incrementen los conciertos con centros privados —algo que no es nuevo en Andalucía, y que se ha vuelto habitual con el PP—. La solución a las listas de espera no puede pasar por las derivaciones a centros privados sino por más sanidad pública.
Desde posiciones elitistas y afines a las mutuas se insiste en la imposibilidad de que la Seguridad Social asuma la cobertura de las personas que actualmente son atendidas por aquellas, así como en el caos que produciría en sus mutualistas el cambio a la Seguridad Social. Evidentemente, el cambio no se daría de un día para otro. Se pueden tomar medidas para que las personas con tratamientos médicos actualmente en mutuas puedan finalizarlos en las mismas; asimismo, se puede prorrogar nueve meses el actual concierto, como permite la ley, y hacer un paso tranquilo y paulatino de mutualistas de Muface a los servicios sanitarios de la Seguridad Social.
Para finalizar, desde CGT hacemos un llamamiento a quienes actualmente están en las mutuas para que pidan en enero el cambio a la Seguridad Social. Es el momento de ser coherentes, de defender y escoger lo público y, al mismo tiempo, exigir que se destinen los recursos necesarios para que toda la población disfrute de la mejor sanidad pública posible.