La Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza CGT exige a la Consejería de Educación que blinde la Educación Pública y garantice la seguridad de sus trabajadores y el alumnado.
A pesar del éxito de la huelga del día 18 de septiembre, que consiguió unir a familias, sindicatos y estudiantes, la consejería continúa tapándose los ojos y se niega a solucionar los problemas que acucian a la escuela pública.
Tras un análisis de los resultados y la celebración de asambleas provinciales, el sindicato CGT ha decidido convocar huelga los días 9 y 15 de octubre como medida de presión.
Como ya hicimos en junio, invitamos a todas las organizaciones sindicales, sindicatos de estudiantes y otros colectivos a que se unan en una lucha que afecta a toda la sociedad.
La vuelta a las clases ha puesto de manifiesto lo que en CGT veníamos avisando desde hace meses: el consejero no ha hecho los deberes y los centros educativos no están preparados para evitar la propagación del virus. Así lo demuestra el cierre de unidades y colegios de las últimas semanas.
Pero la consejería sigue mirando hacia otro lado y los sindicatos mayoritarios se conforman con migajas: 917 docentes para la comunidad más poblada de España.
En el mejor de los casos, se está mandando profesorado COVID a colegios e institutos. Pero no nos engañemos. No son pocos los docentes que están realizando meras labores de vigilancia y limpieza, en lugar de desdoblar grupos y reforzar al alumnado.
En cuanto a los servicios de limpieza, en vez de recurrir a bolsas ya existentes, la consejería ha preferido contratar a personal a través de subcontratas. En los casos en los que estas empresas ya tenían suscritos contratos, la estrategia ha sido aumentar las horas de los trabajadores manteniendo el mismo salario. Así, empresas y consejería se alían para continuar precarizando un trabajo tan necesario como es la desinfección y limpieza de todas las estancias de los centros educativos.
No podemos olvidar tampoco el caso de los comedores, aulas matinales y transporte escolar. Estos servicios han dejado de prestarse en numerosos centros. En otros, los autobuses van tan abarrotados que ni un virus cabría.
Esta pésima gestión de la Administración carga aún más las espaldas de las directivas y plantillas, quienes se esfuerzan por sacar el trabajo adelante prácticamente atados de pies y manos.
Pero no seamos ingenuos. Esta dejación responde más a un plan organizado para degradar lo público que a la ineptitud de nuestros gobernantes. En realidad, la estrategia no es nueva: progresivamente se va invirtiendo cada vez menos en servicios públicos. Estos se van degradando, el servicio prestado es cada vez peor y la imposibilidad para atender correctamente a los usuarios es utilizada luego para demostrar la inutilidad de los servicios públicos. La situación de pandemia no ha hecho más que crear el escenario perfecto para acelerar el proceso mediante la aplicación de la doctrina del shock.
En efecto, el gobierno andaluz jamás se ha molestado en disimular siquiera su intención de privatizar las únicas enseñanzas que siguen siendo predominantemente públicas: el Bachillerato y la Formación Profesional.
Así lo demuestra la publicación del borrador de la nueva orden que establece normas para acogerse al régimen de conciertos educativos y que supone el blindaje acelerado de los centros privados concertados en los que priman más el interés por el negocio que el derecho a una educación al servicio del bien común.
Como personas defensoras, trabajadoras y usuarias de los servicios públicos, creemos firmemente que solo la Educación Pública, presencial y de calidad puede garantizar la igualdad de oportunidades y una sociedad más justa.
TABLA REIVINDICATIVA:
- Garantizar las medidas higiénico-sanitarias básicas con materiales y personal sanitario necesario.
2. Garantizar que se respeta la distancia interpersonal de 1,5 m en los centros.
3. Bajada generalizada de las ratios de alumnado en las aulas que permita respetar la distancia mínima de seguridad.
4. Incremento de contratación de personal de administración y servicios y limpieza a través de la bolsa única de empleo público para todo el curso. Incremento de contratación de docentes, sea la actividad lectiva presencial o no.
5. Garantizar la salud de todos los trabajadores, con especial atención a los grupos de riesgo y del personal más vulnerable y especialmente sensible a la COVID-19.
6. Una oferta suficiente de escolarización pública y gratuita de 0 a 18 años que garantice que todo alumno y alumna disponga de una plaza asegurada en el sistema público, de titularidad y gestión pública y la no supresión de ninguna unidad ni línea de la red pública de centros andaluces.
7. La supresión inmediata de financiación a centros que practiquen cualquier tipo de discriminación o no aseguren la gratuidad.