Desde CGT llevamos años alertando de la situación que se vive en nuestras escuelas, como lo atestiguan las entradas enlazadas al final de este escrito.
El debate surgido a raíz del suicidio de Sandra Peña, una adolescente de 14 años, su amplia presencia en los medios y redes, tiene que hacernos actuar con la cabeza además de con el corazón.
De entrada, “hay que tener presente que la conducta suicida es un fenómeno complejo y multicausal que no se resuelve con la culpabilización”, como recoge el Comunicado de la Asociación Andaluza de Profesionales de Salud Mental.
Por supuesto que los centros, una vez detectado un caso, tratan de poner las medidas que están a su alcance, pero no siempre es suficiente. No obstante, no ignoramos que pueda haber ocasiones y centros en que se intente que no salga a la luz para no dar “mala imagen” del mismo. Nos parece una barbaridad y un peligro actuar con esa insensibilidad. Otro error repetido es el de tratar de quitar importancia antes de averiguar qué ocurre realmente.
Protocolos infinitos e inoperantes
Cuando se publicó, ya manifestamos nuestras dudas y críticas al “Protocolo de Prevención ante conductas suicidas”, que genera unas expectativas por encima de la realidad, incluso desde la denominación misma del programa, que —anunciamos— podía llevar —y, en efecto, ha llevado— a la confusión. Parte el alma ver a familias que confían en que la situación mejorará por el hecho de haber iniciado el protocolo. Lo que preocupa a buena parte de la inspección educativa es que haya muchos documentos en Séneca. No te preguntan cómo está el chico o la chica con tendencias suicidas o conductas autolíticas: lo único que importa es que haya papeles subidos a la plataforma. Dicho de otra forma: hay que hacerlo aunque, desgraciadamente, en muchos casos no sirva para nada. Porque no hay medios, formación, recursos personales ni tiempo material; no obstante, se abre. Los centros, en su gran mayoría, hacen lo que está en su mano. Pero, una vez pasados los seis primeros pasos (sí, 6 de un total de 11; incomprensible la burocracia, dada la urgencia de respuesta que requieren estas situaciones de riesgo), y hecha la comunicación al Servicio de Inspección y la Comisión Provincial de Asesoramiento, ocurre que los protocolos pueden quedar sin respuesta por parte de la Comisión de seguimiento de la Delegación. ¿Se reúne, tal y como está estipulado? ¿Sirven para algo sus reuniones? Entonces, ¿para qué todo el trabajo anterior en los centros: reuniones con sus respectivas actas, recopilación de información, cumplimentación de anexos (hasta VIII), documentos que hay que numerar, paginar, indexar, firmar, subir a Séneca? De un tiempo a esta parte, los equipos directivos y el profesorado en general son responsables de lo que pasa en el centro, en la calle, en las redes. Y están con las carnes abiertas. ¿De verdad hay que cargarles toda la responsabilidad? Mejor sería darles recursos. Que exista un protocolo no es garantía de nada. Si el protocolo hace aguas por todos sitios, habrá que cambiarlo.
Carencias: surtido variado
Aumentan el consumo de psicofármacos, los trastornos alimentarios, las autolesiones, los casos de acoso… pero no aumentan los recursos.
El Programa de Bienestar Emocional (Salud Mental) menguó de personal desde su puesta en marcha en enero de 2023 a julio de ese mismo año en un 12 % a pesar de que cada vez son más los casos sobre los que actuar. La formación específica que se exigía en un primer momento para formar parte de él dejó de ser un requisito poco después. Al personal que ocupa estos puestos no se le deja visitar los centros que lo piden porque tienen casos de conductas suicidas y necesitan asesoramiento (una de las funciones básicas de esos puestos). Aunque resulte increíble, así viene ocurriendo en la mayoría de las Delegaciones Territoriales.
Hace unos años, la persona que ejercía la coordinación de bienestar en un centro tenía dos horas para esa función. Se ve que a la consejería le pareció algo superfluo porque, al poco, eliminaron la dedicación horaria para ello. Eso no significa, ni mucho menos, que ya no haga falta: todo lo contrario. Por eso, pedimos horas para llevar a cabo esa labor.
El personal de Orientación en los institutos y colegios es insuficiente, como denunciamos desde hace mucho tiempo, y también organismos internacionales como la UNESCO.
Existe un déficit importante de médicos en los EOE, con la consiguiente sobrecarga para los que hay, que deben duplicar su trabajo en número de centros y alumnado.
Las Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ) están infradotadas y la coordinación entre centros educativos y hospitales es muy mejorable desde hace años.
Cada enfermera/o referente debe atender a un número inabarcable de centros.
La sanidad pública debe contar con muchos más psiquiatras y psicólogos clínicos (estamos muy lejos de la media europea).
Hay que dotar de trabajadores/educadores sociales a los centros educativos.
La labor de una tutoría es ingente y esencial; sin embargo, esta se ve cada vez más sepultada por la burocracia. Una parte tan importante como hablar con los niños y las niñas —fundamental para su bienestar y para conocer, por ejemplo, posibles casos de acoso—, y que requiere más tiempo, es precisamente la que puede acabar desatendida por entregar los dichosos (a menudo, inútiles y redundantes) papeles. Exigimos que quien se haga cargo de la tutoría tenga más horas lectivas para dedicarse a ello en cualquier etapa educativa.
Ligado a lo anterior, la ratio docente/alumnado tiene que descender para que la atención sea más personalizada y, a la vez, mejoren la detección y el seguimiento de posibles casos.
En definitiva, urge (además de bajar las ratios) ampliar, de manera inmediata, las plantillas de Orientación, así como dotar de personal sanitario y trabajadores/educadores sociales a los centros educativos. Y es necesario poder derivar de una forma eficiente a profesionales y facultativos de la salud mental en el ámbito sanitario.
¿A qué espera la consejería?
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