Andalucía, a la cabeza de todas las comunidades autónomas en número de alumnado por docente a tiempo completo en los centros de Educación Infantil y Primaria.
Después de años de cierre unilateral de unidades públicas y despido de miles de docentes en las etapas educativas tempranas, en el curso 2018/19 (último con datos detallados del Ministerio de Educación), la ratio en la Educación Primaria andaluza es la más elevada de todas comunidades del estado, alcanzando una cifra de 15,7 alumnos/as por docente a tiempo completo, cuando la media estatal es de 13.
Desde CGT llevamos años denunciando el proceso de deterioro que está sufriendo la enseñanza pública andaluza, que sigue avanzando hacia el modelo de la comunidad madrileña a marchas forzadas, a la que ya superamos holgadamente en esta etapa educativa cuya ratio en Primaria es de 15,4.
Si nos remontamos ocho cursos atrás, en el 2011/12 la cifra andaluza era de 14,7. Es decir, hemos incrementado un/a menor por docente a tiempo completo en tan solo ocho años, al doble que la velocidad de la comunidad madrileña, que ha pasado de 14,9 a 15,4, y diez veces más rápido que la media española, que apenas se ha modificado y ha pasado de 12,9 a 13.
Queda claro ahora que la saturación en las aulas y el sobreesfuerzo del profesorado andaluz no es casual, sino un proceso de degradación consciente, premeditado y planificado desde hace años desde la Consejería de Educación. El proceso de devaluación de lo público es el primer punto en el manual básico de los procesos de privatización: “desprestigia lo público para justificar su liquidación”.
Podríamos caer en la trampa de creernos el manido argumento de que lo privado funciona mejor, pero si analizamos las cifras de saturación de los centros de Infantil en Andalucía, que son mayoritariamente privados, resulta que también tenemos la ratio más alta de alumnado, con casi dos menores más por docente (11,2) por encima de la media española (9,4).
Desgraciadamente, también tenemos el triste honor de encabezar el ranking estatal de mayor ratio de alumnado/docente en los centros públicos de Educación Especial, cuyo alumnado, mucho más vulnerable, requiere de mayor atención, dedicación y recursos. Esta es la sensibilidad del Gobierno andaluz cuando habla de inclusión del alumnado con discapacidad.
Estas cifras evidencian que, con la excusa de la bajada de natalidad, no solo se aprovecha para recortar unidades y despedir al profesorado de forma unilateral en la escuela pública, sino también para aumentar las ratios de alumnado/docente; es decir: se privatiza y devalúa de forma simultánea desde hace años. Una carrera en la que ya estamos superando hasta a la propia Comunidad de Madrid. Frente al histrionismo egocéntrico y exhibicionista de la capital, aquí las matan callando…
A todo esto hay que sumar la falta de recursos, deterioro de las instalaciones, aumento de la carga burocrática, incremento de alumnado NEAE desproporcionado en los centros públicos frente a los concertados, deficiente atención al alumnado más necesitado… Una tormenta perfecta a la que recientemente se ha sumado una pandemia que ha supuesto la irrupción del teletrabajo y un contrato vergonzoso con Google y Microsoft que les permite tener acceso a toda la información y datos del alumnado escolarizado.
Este curso lectivo CGT, ha convocado tres huelgas educativas con la bajada de ratios como principal exigencia para poder mantener las distancias de seguridad y las medidas higiénico-sanitarias dictadas por las autoridades competentes. Una reivindicación más que necesaria cuando estamos viendo que en las etapas más tempranas y sensibles somos la comunidad con menos profesorado y, aun así, la Consejería sigue planificando grupos con ratios ilegales en gran número de centros educativos.
Sabemos que el profesorado COVID incorporado con carácter temporal con el dinero del gobierno central desaparecerá junto con la pandemia como un espejismo de lo que pudo ser una bajada de ratio. Pan para hoy y hambre para mañana.
Negarse a bajar las ratios escolares más altas de todo el país y a garantizar el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias básicas de los centros escolares en una situación de pandemia es un acto de irresponsabilidad que está afectando a la salud de todas las personas que vivimos en Andalucía. Obcecarse en tratar como absentistas a los hijos e hijas de las familias que por miedo no los llevan a la escuela es demencial. El miedo no es la excusa ni el motivo de las ausencias, es la consecuencia de una mala gestión que ha volcado sus esfuerzos en negar las evidencias en vez de en paliar las deficiencias.
Estas son las cifras de la vergüenza para Andalucía, cuando la educación deja de ser un derecho y pasa a ser un negocio.