Intervención en las Jornadas de la APDHA: El derecho a la educación en tiempos de pandemia.
Si miramos hacia adelante y pensamos en cómo debe ser la escuela después del COVID, lo primero que nos ha enseñado la pandemia es que la escuela que queremos y que necesitamos tiene que ser PÚBLICA y PRESENCIAL: es la única que garantiza el acceso a la enseñanza a todos/as y para todo/as. La pandemia lo ha puesto más de manifiesto si cabe: mostrando una enorme brecha que más que digital es social.
Es urgente defender la institución ilustrada que es la escuela pública, y que está en peligro. Se trata de partir de un análisis realista y desde ahí establecer la estrategia que seguir. Hay razones para ser pesimistas, pero hay más razones para luchar y defender la escuela pública. “Pesimismo de la razón, optimismo de la voluntad”, que decía Gramsci.
EL COVID y la estrategia del Shock para la privatización de la escuela
La primera constatación es que la crisis provocada por el COVID está siendo aprovechada para avanzar en la privatización de la escuela, siguiendo la estrategia que ha definido muy bien Naomi Klein de aprovechar el desconcierto provocado por la pandemia para avanzar en los planes privatizadores, sin encontrar resistencia en un población paralizada e incluso confinada.
La privatización educativa que se plantea es tanto exógena como endógena:
1. Se ha usado como una oportunidad de negocio de los centros privados, que han vendido su presunta calidad y atención durante el confinamiento frente a la insuficiente inversión en los centros educativos públicos.
2. El negocio de la teleformación:
El confinamiento obligatorio y la semipresencialidad “voluntaria” en los centros han impedido o degradado el derecho a la educación, ya que la teleformación no puede en ningún caso sustituir a la escuela presencial, pero se ha convertido en un pelotazo de venta de hardware (ordenadores, tablets, etc., tanto a las administraciones públicas como a las familias). Más grave incluso es el gran negocio del software: las grandes trasnacionales (Google-Classroom, Microsoft-Meet, Apple, etc.), se están haciendo de oro con unas autoridades educativas que les han abierto de par en par las puertas de los centros educativos públicos bajo la excusa de una falsa gratuidad. Y es que cuando una empresa que se dedica a ganar dinero dice que te da algo gratis debes desconfiar, porque quizá el producto a la venta eres tú… En efecto, en realidad todas estas aplicaciones nos saldrán muy caras: se les están regalando los datos ni más ni menos que de toda la población en edad escolar, que es donde está verdaderamente el negocio para venderlo al mejor postor. Es una verdadera irresponsabilidad que la administración educativa no custodie todo lo que se hace en la escuela en lugares seguros, cuando además existen (Séneca, Moodle, etc.).
Más sutil, pero no menos grave, es otra consecuencia: la privatización intrínseca. Se está aprovechando la teleformación para cambiar el modelo educativo hacia una educación funcionalista, acrítica y superficial, basada en el modelo de gestión empresarial. Como ha explicado muy bien Nico Hirt, se está usando para introducir virus troyanos neoliberales en la escuela pública (la teleformación o las flipped classrroom) para convertirla en suministradora de trabajadores flexibles que no necesitan unos conocimientos profundos.
3. El proceso privatizador de la escuela se está acelerando a partir del COVID, pero no es nuevo, está perfectamente diseñado y tiene una estrategia clara que se lleva a cabo por el capital internacional desde hace décadas, y que avanza progresivamente según la mayor o menor resistencia social que encuentra. Este objetivo está explicitado y la OMC lo plantea abiertamente: la educación debe ser convertida en un negocio como una forma de buscar solución a la caída de los beneficios en los sectores tradicionales. Simplificando mucho, podemos resumir que las crisis económicas cada vez más frecuentes desde el último tercio del siglo XX han llevado a buscar nuevos nichos de negocio ante la caída de beneficios que explican esas crisis, dado que ya no es posible la ampliación espacial, puesto que la economía capitalista ya es global, lo que se busca es mercantilizar aspectos hasta entonces fuera del mercado. Entre ellos, la educación (o la sanidad): si el derecho a la educación se mercantiliza aparece un negocio de miles de millones de euros. Esta agenda está asumida por la Unión Europea, que desde sus inicios tiene un marcado carácter mercantilista, y en esa dirección van sus directivas y recomendaciones, pero encontrando diferencias en su aplicación en los distintos países miembros y en los sectores educativos. Y es que hay que aclarar que se trata de privatizar solamente lo que sea susceptible de convertirse en un negocio, no lo que no da beneficios, para lo que quedaría reducida una escuela pública meramente asistencialista.
4. Llegamos así al caso español. Los sucesivos gobiernos (sean del signo que sean) han demostrado su adscripción a este programa mercantilizador de la educación. Así, podemos ver cómo las diferentes leyes educativas han ido ampliando las posibilidades del negocio educativo: privatización y externalización de servicios (limpieza, comedor, actividades extraescolares, monitores, etc.), avanzando hacia la gestión empresarial de los centros educativos: pérdida de su carácter democrático (nombramiento de directivas por la Administración y vaciado de competencias del Claustro y del Consejo Escolar), modelos educativos extraídos de la empresa (competencias, estándares, emprendimiento, burocratización de la labor docente…) y, sobre todo, consolidación y avance de la escuela privada concertada, es decir, del negocio educativo con dinero público.
5. Es necesario detenernos brevemente en esta anomalía española que es la escuela concertada, producto de la falta de ruptura democrática con el franquismo, y que se basa en un pacto no escrito por el cual se reserva una parte importante de la educación financiada con dinero público (en torno a un tercio) a los centros privados, en su mayoría de la Iglesia Católica. La existencia de ese “pacto” explica que cuando la bajada de natalidad hubiera permitido la desaparición de los conciertos con centros privados, esto no solo no haya sucedido, sino que están aumentando. Se trata de una pieza clave de lo que se ha llamado el régimen del 78, que, además, está encontrando un nuevo papel en la agenda privatizadora actual.
6. La LOMLOE. El proyecto de nueva ley educativa, actualmente en trámite parlamentario, parece una nueva oportunidad perdida para parar esta deriva privatizadora y defender la escuela pública. Si bien es cierto que elimina algunos de los aspectos nocivos de la anterior ley educativa (la LOMCE), aprobada por un único partido y con toda la comunidad educativa enfrente, no lo hace con todos y, sobre todo, no cuestiona lo esencial del modelo privatizador. Para empezar, es un nuevo refrito (no es una ley completa, sino una reforma de la reforma que la convierte en un galimatías de difícil comprensión) y sus tímidos avances (no concertar centros que segreguen por sexo, no cesión de suelo público a la iniciativa privada, que se garantice existencia de plazas públicas suficientes…) no cuestionan el modelo de la enseñanza privada concertada, y no parecen suficientes para impedir el aumento de los centros concertados (sobre todo en CCAA con gobiernos que defienden su ampliación abiertamente). En el mejor de los casos, frenaría este aumento de la concertación (hasta que un nuevo gobierno vuelva a facilitarla) sin recuperar todo el terreno perdido en los últimos años.
Otros aspectos nocivos de la LOMLOE se mantienen: eliminación de la Ética en la Enseñanza Secundaria, pérdida de peso de las enseñanzas artísticas… No resulta casual esta continuidad. Parece compartir un modelo neoliberal de considerar la escuela una fábrica de mano de obra flexible y sumisa, y no un espacio de formación de una ciudadanía crítica. Esto enlaza con algunos cambios preocupantes de la ley: la eliminación de la prueba de la oposición para acceder a la Inspección educativa (¿para controlar políticamente la inspección?) o la eliminación del límite de suspensos para pasar de curso o titular, que es una curiosa forma de “acabar con el fracaso escolar”.
Si alguien tiene dudas de la continuidad que supone la nueva Ley, la Ministra y el Secretario de Estado se han encargado de despejarlas tranquilizando a la patronal de la enseñanza privada concertada o presentando una inquietante “Alianza por la Educación” (HAZ), promovida por Fundación ‘la Caixa’, Fundación Endesa, Fundación Vodafone, Google, ISDI, Teatro Real…, que abiertamente propugna “transformar la sociedad a través de la educación y de la colaboración público-privada”.
7. ¿Qué hacer? A pesar del pesimismo y de cierto tono apocalíptico de lo dicho hasta ahora, queremos acabar trasmitiendo algo de esperanza. La historia no está escrita. La propia historia de la Marea Verde y de la Marea Blanca, ambas hijas del 15 M, muestran el camino. La movilización en la calle es la única que puede defender la escuela pública. Hagamos que vuelva a subir la marea, reunámonos en los centros y en las calles y paremos la privatización. Por lo público, por lo común. Solo así podremos tener la escuela que queremos: presencial, porque el contacto social es imprescindible, con contenidos científicos, porque el acceso a la ciencia debe ser un derecho de toda la ciudadanía, y la manera de crear ciudadanos críticos y libres. Como dice la canción El escaramujo de Silvio Rodríguez: “si el saber no es un derecho, seguro será un izquierdo”.