Ya somos autoridades, ¿Y ahora qué?
El pasado 16 de diciembre se aprobó en Consejo de Gobierno el Decreto 209/2025, que desarrolla la Ley 3/2021 de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado. Sobre el papel, todo parece correcto: al fin llega la ansiada protección, la asistencia psicológica y jurídica, y la consideración de nuestra palabra como “iuris tantum” (presunción de veracidad).
Como colofón, la Consejera nos halaga con premios para el profesorado «innovador e inspirador». Sin embargo, el profesorado andaluz conoce bien la realidad: mientras el Gobierno de la Junta anuncia que «todo se arregla» nombrándonos autoridad pública, las condiciones de trabajo siguen dañando nuestra salud física y mental.
Las causas del malestar docente en la Educación Pública
¿Podrá este Decreto poner fin al desasosiego del colectivo? Para entenderlo, primero debemos analizar las causas reales del malestar en las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza en Andalucía:
- Desmantelamiento y privatización: Asistimos a una aceleración del desmantelamiento de la educación pública. Una estrategia de infrafinanciación que facilita la eliminación de aulas públicas (unas 3.000 durante el actual gobierno) en favor de la concertada.
- Deterioro de la Calidad Educativa: El abandono de los centros públicos provoca un empeoramiento del servicio que no se soluciona con decretos de autoridad, sino con recursos.
Radiografía de las carencias en los centros docentes:
- Ratios elevadas: Exceso de alumnos por aula y altas ratios de alumnado NEAE y NEE, lo que impide una atención a la diversidad real.
- Sobrecarga en Tutorías: La excesiva carga lectiva impide a las tutoras y tutores escuchar, observar y planificar con los equipos de orientación.
- Déficit de especialistas: Faltan orientadores (lejos de la recomendación UNESCO de 1/250), PTIS, profesorado de ATAL, Audición y Lenguaje, y Pedagogía Terapéutica.
- Abandono del Bienestar Emocional: El equipo provincial es insuficiente y los coordinadores de bienestar en los centros no disponen de horas para su labor.
- Falta de personal no docente: Escasez de trabajadores sociales, mediadores, personal sanitario y médicos en los EOE.
- Burocracia asfixiante: Una administración interminable de dudosa utilidad que nos roba el tiempo pedagógico.
- Salud Mental Infanto-Juvenil: Las unidades (USMIJ) están infradotadas y la coordinación con los centros es deficiente.
Autoridad no es Autoritarismo
La administración genera el problema y, cuando la destrucción de la enseñanza pública deriva en conflictividad, acude con un «parche» punitivo. Confunden autoridad con autoritarismo, atacando el síntoma, pero no la enfermedad. Somos docentes, sembramos pensamiento crítico; no queremos ser «guardianes de adolescentes».
Si la Consejería realmente quiere reducir la conflictividad, debe DEJARNOS TRABAJAR:
- Bajar las ratios y la carga burocrática.
- Dignificar la función tutorial y aumentar plantillas (EOE, PTIS, especialistas).
- Escuchar a los claustros y dotar a la Educación Pública de los recursos humanos y materiales necesarios.
Solo así tendremos una educación de calidad, de todas y para todas.
Resumen: Menos Decretos, Más Recursos para la Educación Pública
El Decreto 209/2025 es un título vacío si no viene acompañado de una inversión real. No queremos reconocimientos formales que llegan tarde; exigimos la autoridad de poder trabajar con dignidad.
Nuestras exigencias para una convivencia real:
- Bajada inmediata de ratios y carga lectiva: Prioridad absoluta a la función tutorial.
- Refuerzo masivo de plantillas: Un orientador por centro (ratio 1/250), más PTIS, especialistas en diversidad y trabajadoras sociales.
- Inversión en Salud Mental: Dotación urgente para los EOE y las USMIJ con coordinación efectiva.
- Fin de la asfixia burocrática: Menos papeleo para recuperar el tiempo pedagógico con el alumnado.
- Escucha activa a los Claustros: Recursos basados en las necesidades reales de cada centro, no en despachos.
Conclusión: La «autoridad pública» sin recursos es papel mojado. La calidad de la enseñanza pública en Andalucía no se construye con premios ni parches punitivos, sino revirtiendo años de abandono con una inversión masiva. ¡Basta de propaganda, queremos soluciones!