Desde finales del curso pasado, en pleno confinamiento, CGT lleva pidiendo sin descanso a la Consejería de Educación que adecúe los centros educativos para poder garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad higiénico-sanitarias. Ante la inacción de la Consejería, CGT exige el cierre de centros.
En lugar de aprovechar los meses estivales para que plantillas y alumnado trabajasen y estudiasen con seguridad, la Junta prefirió repetir una y otra vez que los centros educativos son espacios seguros, porque ya se sabe que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. A pesar de no haber disminuido la ratio para asegurar la distancia interpersonal. A pesar de no dotar a las personas trabajadoras y alumnado con mascarillas FFP2. ¿Que no se pueden mantener los 2 metros de distancia porque las aulas son pequeñas? Pues los reducimos a 1,5. ¿Que alguien se ha contagiado en un centro educativo? Habrá sido en la puerta. ¿Que no se renueva el aire de las aulas? Que los docentes den clase con puertas y ventanas abiertas. ¿Que resulta que Filomena hace imposible mantener todo abierto sin que haya riesgo de hipotermia? Tranquilos, que en realidad no era imprescindible estar con las ventanas abiertas, que con 10 minutos cada hora basta.
La velocidad a la que la consejería inventa medidas absurdas e inútiles solo es comparable a la que tiene el virus para mutar, y desgraciadamente, parece que ambos juegan en el mismo equipo.
Precisamente una de estas nuevas cepas, un 30% más contagiosa y por tanto más mortal, está asolando el Campo de Gibraltar, donde la tasa de incidencia supera los 2 000 casos. ¿Y qué hace la consejería? Amenazar a las familias que no llevan a sus hijas e hijos a los centros porque el miedo no es motivo para no asistir al colegio. Pero no, consejero, no es miedo, es precaución. Porque por mucho que desde Torretriana repitan que casi no hay COVID en colegios ni institutos, las familias, el alumnado y las plantillas sabemos que los centros no son espacios seguros.
Por eso exigimos que usted también sea precavido y cierre temporalmente todos los centros situados en municipios con 1 000 casos por 100 000 habitantes. No se entiende que se limiten aforos y se suspendan actividades potencialmente peligrosas y a la vez se ponga en riesgo a quienes trabajamos para la Educación Pública.
Queremos presencialidad y seguridad, pero llegados a este punto, es urgente el cierre de los centros durante el tiempo imprescindible y la toma de medidas efectivas para garantizar la vuelta segura a las aulas cuando el número de contagios haya descendido. Y para que esta situación excepcional no siga agrandando la brecha social y digital, es fundamental que los equipos informáticos prometidos lleguen a su destino.
Sabemos que la economía es importante, pero la salud lo es más y, en todo caso, la Educación no puede ni debe ser la alfombra bajo la que esconder la falta de medidas para conciliar la vida personal, familiar y laboral.