En ocasiones nos venden la posibilidad de utilizar entidades sanitarias privadas como un privilegio que, además, ahorraría dinero al erario público.
Sin embargo, no es cierto que la existencia de dos sistemas sanitarios paralelos para el personal funcionario (Seguridad Social y entidades privadas) ahorre dinero público (las compañías privadas reciben 1100 millones de euros por el total del colectivo de Muface, a razón de unos 60 euros al mes por mutualista). Sí es cierto que ahorra a los usuarios tener que acudir a atención primaria como paso previo al especialista y tiempo de espera (aunque las listas de espera de la sanidad privada cada vez se parecen más a las de la Seguridad Social).
La mayoría de usuarios utiliza la sanidad privada para asuntos leves pero, ¿qué ocurre cuando los problemas se agravan o vamos cumpliendo años?
Según una investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la mayoría de funcionarios acaba por pasarse a la Seguridad Social. Esto no viene sino a constatar algo que siempre se ha escuchado entre profesionales de la sanidad: los mejores equipos humanos y materiales están en la pública. Las personas funcionarias lo saben y, por eso, ante enfermedades graves, enfermedades asociadas a la edad o situaciones como embarazos, muchas deciden pasarse a la Seguridad Social. De hecho, unas 10 000 personas al año deciden pasarse a la Seguridad Social desde 2006.
Lo mismo que ocurre con la educación privada y privada concertada y la pública. Cuando las familias solo buscan un centro con instalaciones deportivas flamantes al que puedan ir sus hijas o hijos de clase media y rendimiento académico normal, a menudo se acaba optando por centros privados y concertados. Pero cuando la niña o el niño tiene necesidades educativas graves o muy graves, entonces todo cae por su propio peso y acaban matriculándolos en un centro público.
En CGT, defendemos la atención 100% pública y de calidad.