CGT participa en la presentación junto a otros colectivos.
El lunes 20 de julio se ha presentado esta iniciativa que pretende que el derecho a la educación se garantice para todo el alumnado y no quede en una mera declaración de intenciones.
Años de recortes e incumplimientos de los diferentes gobiernos de la Junta han repercutido especialmente en los, de por sí, exiguos recursos de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. La Consejería no se adapta a las necesidades reales de menores con nombre y apellidos: es este alumnado el que ha de adaptarse a los pocos recursos disponibles, como venimos denunciando en los últimos cursos.
Es importante señalar que si los escasos recursos existentes se destinan al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), el resto de NEAE (desfavorecido socialmente, con dificultades de aprendizaje…) queda, en última instancia, sin atención. En este sentido, desde CGT reclamamos la necesaria presencia de mediadoras comunicativas, así como de educadoras y trabajadoras sociales (estas últimas existen en todos los centros educativos de Ceuta, por ejemplo) para una educación realmente inclusiva.
La propia Cámara de Cuentas de Andalucía, en su Informe de Fiscalización del Programa Presupuestario 42E “Educación Especial” de junio 2018, concluye “teniendo en cuenta que el gasto presupuestario ejecutado ha crecido en menor proporción que el número de ANEAE, sería aconsejable adecuar los recursos docentes y no docentes (PT, AL, monitores y orientadores) a esta realidad”. Además de la inestabilidad de los puestos de trabajo, quienes atienden al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se enfrentan al problema del desborde al que se ven sometidos: ratios cada vez más elevadas e itinerancia entre dos o más centros educativos.
Cabe destacar, como se recoge en la propuesta, que el aumento de gasto que se ha producido en los últimos años no ha sido proporcional al aumento de las necesidades de educación especial. Resulta evidente si comparamos el gasto por cápita en este ámbito entre el 2012 y el 2016. “El gasto medio por ANEAE ha disminuido un 18,15% en el periodo analizado, pasando de 4.576,74 €/alumno en 2012 a 3.745,97 €/alumno en 2016. Aunque el gasto presupuestario ejecutado ha aumentado un 14,56%, no ha sido suficiente para compensar el incremento del 39,36% del número de ANEAE”. En otras palabras: la educación especial ha sufrido un deterioro significativo en la última década en Andalucía.
El alumnado NEAE pasa en los últimos cursos del 5,43 al 6,69%, un incremento del 23,2%. Sin embargo, el presupuesto de la Consejería (aunque pasa del 5,7% en 2019 al 6,1% en 2020) es claramente insuficiente para atender ese aumento de alumnado.
Por todo ello, es fundamental fijar una ratio alumnado/docente (actualmente solo precisada para Aulas Específicas), que ya existe para PT y AL en territorios del mismo signo político que el que gobierna en Andalucía, como es el caso de Murcia. Se trata, por tanto, de una cuestión de voluntad.
Se añade el siguiente artículo a la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación:
“Artículo 11 bis. Garantía de recursos para la inclusión educativa.
1. La consejería con competencias en Educación garantizará los recursos humanos y materiales para hacer efectiva la atención a la diversidad del alumnado desde una perspectiva de inclusión educativa, como uno de los pilares fundamentales de la Educación Pública de Andalucía.
2. La consejería con competencias en educación deberá garantizar que la atención del personal docente especializado al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que lo requiera se realice preferentemente dentro del aula.
3. Todos los Centros de Educación Infantil y Primaria contarán con al menos un profesional de Pedagogía Terapéutica, uno de Audición y Lenguaje, un profesional de PTIS y profesor/a de la especialidad de Orientación Educativa. Los CEPER contarán con un profesional de Pedagogía Terapéutica.
4. Todos los Institutos de Educación Secundaria contarán con al menos un profesional de Pedagogía Terapéutica, uno de Audición y Lenguaje, un profesional de Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y profesor/a de la especialidad de Orientación Educativa.
5. Cada centro educativo deberá contar con un profesional de Pedagogía Terapéutica por cada 10 alumnos o alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo que requieran su atención. En el supuesto de existir una población destinataria superior en un 20% de la indicada, deberá destinarse al centro cuantos profesionales fueran necesarios para mantener la citada ratio.
6. Cada centro educativo deberá contar con un profesional de Audición y Lenguaje por cada 10 alumnos o alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo que requieran su atención. En el supuesto de existir una población destinataria superior en un 20% de la indicada, deberá destinarse al centro cuantos profesionales fueran necesarios para mantener la citada ratio.
7. Los IES que cuenten con más de 250 alumnos y alumnas, contarán con un segundo docente de la especialidad de orientación educativa.
8. Se garantizará que todo el alumnado con discapacidad auditiva que requiera Intérprete de Lengua de Signos disponga de dichos recursos durante todo su horario escolar.
9. Se establecerá una ratio máxima de 6 alumnos/as atendidos/as por cada PTIS, siempre que así se recoja en su dictamen de escolarización y sin perjuicio de que las características del alumnado requieran una ratio menor. En las Aulas específicas habrá un profesional de PTIS asignado a dicho aula.
10. La consejería competente en educación deberá garantizar los recursos necesarios para que el Personal Técnico de Integración Social pueda atender al alumnado que lo requiera durante las actividades complementarias en horario extraescolar y en actividades extraescolares.
11. La Junta de Andalucía deberá garantizar los recursos necesarios para que exista personal de enfermería de asistencia a todos los centros educativos, garantizando que al menos existe un profesional asignado a cada Centro de Específico de Educación Especial.
12. La consejería competente en educación deberá proporcionar los recursos materiales y llevar a cabo las modificaciones estructurales requeridas para la inclusión efectiva de todo el alumnado.”