Recientemente, el Partido Popular ha intentado tumbar una iniciativa legislativa popular que promueve la bajada de ratios educativas en las aulas escolares andaluzas antes de que llegara a ser debatida en el parlamento. La Mesa del Parlamento denegó la solicitud de prórroga solicitada, en contra del criterio de los servicios jurídicos de la cámara y saltándose todos los precedentes.
El PP tiene mayoría absoluta en el parlamento, por lo que solamente de él depende que esta iniciativa prospere o no.
¿Por qué entonces tanto interés en no conceder la prórroga que se solicitó para ampliar el plazo de recogida de firmas de esta Iniciativa Legislativa Popular?
Solo hay una respuesta: quiere evitar a toda costa un debate sobre la realidad educativa en las aulas de Andalucía que visibilice públicamente que somos la comunidad con las ratios de alumnado más altas.
El presidente Moreno Bonilla, en contraposición a la actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid, mantiene un perfil bajo de enfrentamiento mediático; y, aunque las políticas de privatización y degradación de lo público son un calco en ambas comunidades, la actitud y visibilización mediática de las mismas es completamente diferente. Ambos políticos han sabido leer la realidad de su comunidad autónoma, y en Andalucía parece que el ruido y la confrontación permanente no dan rédito político y sí, al contrario, mantener un perfil discreto. Por lo tanto, la exposición pública de las ratios educativas en un debate parlamentario no va a ser un plato de buen gusto para el gobierno andaluz, y menos tener que pronunciarse en contra de la bajada de las mismas cuando ya adelanta a Madrid en el proceso de saturación, degradación y privatización de la educación pública.
Ponemos un ejemplo claro: ¿Quién ha mantenido las mismas ratios por aula (e incluso aumentado) en los centros educativos públicos en el peor año de pandemia, en contra de todos los criterios médicos y orientaciones sanitarias: Madrid o Andalucía?
El 99% de los encuestados probablemente respondería que Madrid. Incluso llegamos a imaginarnos a la presidenta madrileña sacando pecho por este hecho o simplemente diciendo que las competencias educativas y de ratio las tiene el gobierno central y que, por lo tanto, es el culpable…
Lamentablemente, el argumento y justificación de su negativa ya lo tiene el PP andaluz servido gracias a la cobardía del gobierno central. Un gobierno que se autoproclama como “el más progresista de la historia”, que no se ha atrevido a legislar en la LOMLOE una bajada de ratios tan necesaria, ni ha tenido la valentía de limitar los privilegios de la Iglesia Católica en el ámbito educativo en lo que respecta a la religión en las aulas y el notable incremento de dinero público entregado a la enseñanza privada concertada.
El debate parlamentario será estéril si no hay una comunidad educativa movilizada en la calle (la misma que ha recogido más de 50 000 firmas para reclamarlo), exigiendo la dignificación de la atención y formación de nuestro alumnado, de nuestro futuro. No hay nadie más legitimado para ello.
Las cifras de la vergüenza que saldrán a relucir en el debate parlamentario se pueden comprobar en la página del Ministerio de Educación y Formación Profesional.