Este mes acaba el plazo para que los centros privados concertados soliciten su blindaje.
En general, los conciertos educativos se renuevan cada 4 años en todas las enseñanzas, salvo Primaria, que se hace cada 6. Así, muchos de los actuales conciertos entraron en vigor el curso 21/22 y proseguirán hasta el 24/25. En Primaria están vigentes hasta el curso 22/23, momento en el cual deberán solicitar su renovación.
Sin embargo, todos los años en enero se abre una convocatoria adicional, una especie de repesca para renovar o modificar los conciertos por si a alguno se le pasó el plazo de la convocatoria ordinaria. ¿Qué más facilidades podrían pedir los centros privados en cuanto a recibir fondos públicos y conciertos?
No olvidemos que la escuela privada concertada nació en 1985 con la excusa de que no había plazas suficientes para matricular en los centros públicos. Pero el panorama ha cambiado desde entonces y ahora lo que falta es alumnado. Lo lógico, entonces, sería no renovar más líneas concertadas, puesto que hay suficientes en los centros públicos. Pero la Consejería de Educación, con Javier Imbroda al frente, prefiere cerrar unidades y centros públicos a la vez que se renuevan y aumentan los conciertos. Es decir, regalan dinero público a entidades privadas y desmantelan la educación pública.
A esto hay que añadir que la educación privada concertada está prácticamente monopolizada por distintas congregaciones religiosas, lo que añade una vuelta de tuerca más a lo absurdo de la situación: dinero público de los contribuyentes que debería ser invertido en una enseñanza universal, pública y laica pero que acaba en manos de la Iglesia Católica, quien lo utiliza para adoctrinar. Todo esto sin olvidar que los centros privados concertados religiosos no pagan el IBI. Efectivamente, el negocio es redondo.
Veamos algunos ejemplos. Acogiéndose a estas convocatorias anuales, un centro privado puede concertar “unidades de apoyo a la integración” en el caso de tener un número suficiente de alumnado con necesidades educativas especiales. La FP también se puede concertar en cualquier momento mediante este mecanismo. Por ejemplo, el centro privado Nuestra Señora del Carmen (La Palma del Condado) solicitó el curso pasado una unidad de FP básica ante el riesgo de perder una unidad en Infantil. Un ejemplo aún más sangrante es el del centro privado Ciudad de los Niños, en Huelva. En ese centro, el curso 20/21 se concertó una unidad que hasta ese momento había correspondido al CEIP Tres Carabelas. Como hemos explicado en otras ocasiones, el CEIP Tres Carabelas se halla en grave riesgo de cierre precisamente bajo el pretexto del escaso número de matriculaciones y de la pérdida de unidades. Todo ello en una ciudad en la que las unidades concertadas en Infantil y en Primaria son, respectivamente, el 50% y el 47% del total.
La privatización de la educación es una tendencia generalizada y en aumento en Andalucía. De todas las enseñanzas de régimen general, Infantil es la etapa con mayor presencia de centros concertados: solo el 43,1% son unidades públicas. Sevilla es la ciudad que más ha privatizado los cursos de Infantil y ahora mismo únicamente el 36% son públicas.
Si analizamos los datos por provincias, encontramos que el 21,44% de las unidades de enseñanzas de régimen general son concertadas y se concentran, casi en su totalidad, en las capitales de provincia (el medio rural y las zonas con menor población y renta per cápita no les son rentables a los dueños de las empresas privadas).
Córdoba es la provincia que cuenta con mayor porcentaje de conciertos (24,87%), seguida de Granada (23,28%), Sevilla (23,01%), Málaga (22,19%), Cádiz (22,03%), Jaén (21,07%), Huelva (17,3%) y Almería (12,5%).
Si a estos porcentajes incorporamos la educación exclusivamente privada, observamos que las provincias donde la enseñanza está más privatizada son Granada (30%), Sevilla (29,6%), Córdoba (29,15%), Almería (17,9%) y Huelva (18,7).
CGT exige la eliminación total de los conciertos educativos y la apuesta por una educación 100% pública.