La propuesta de nueva reforma de la FP que quiere aprobar el Gobierno andaluz profundiza en la privatización y mercantilización de la Formación Profesional en beneficio exclusivo de las necesi-dades de las empresas y en detrimento de la democracia de los centros educativos.
Desde la CGT consideramos que esta nueva ley seguirá los mismos pasos que las leyes anterio-res y seguirá dejando a la FP sin posibilidades de mejorar los rendimientos académicos de su alumnado.
Según hemos podido comprobar se sigue potenciando la enseñanza privada con conciertos inne-cesarios en vez de invertir estos recursos en mejorar la enseñanza profesional. Si ya se tienen los medios y los centros donde impartir la enseñanza profesional ¿por qué se siguen realizando con-ciertos e incluso se siguen asignando ciclos formativos a centros privados donde existen centros públicos que podrían impartirlos sin problemas? Nos encontramos con el caso de ciclos que en algunas localidades solo se pueden realizar en centros privados concertados.
En esta nueva ley se crean las pruebas de diagnóstico con el objetivo de individualizar el aprendi-zaje. Resulta difícil hablar de un aprendizaje individualizado si no disminuyen las ratios. No es raro encontrar ciclos con más de 30 alumnos incluido alumnado con NEE. Si tenemos en cuenta que en la actualidad se sacrifican los desdobles de profesorado en los módulos con alto contenido práctico donde un solo profesor tiene que atender a más de 30 alumnos en la realización de las prácticas, podemos hacernos una idea de cómo se llevará a cabo la individualización del aprendi-zaje. Mientras no se inviertan más medios personales y se disminuya la ratio esto seguirá siendo una quimera.
Se crea CAFP, Consejo Andaluz de Formación Profesional, institución no adscrita a la Conseje-ría de Educación. ¿Qué hace este Consejo y quiénes se sientan en él? Sus funciones serán las de coordinar, informar, estudiar elaborar propuestas y proponer prioridades y objetivos de la FP y su composición: presidente, vicepresidente y vocales: CCOO, UGT, Administración de la Junta de Andalucía y organizaciones empresariales. ¿Dónde quedan los protagonistas de esta historia? ¿Por qué no hay profesorado, alumnado y familia en dicha comisión? Una vez más, un entramado de intereses políticos y económicos.
En esta nueva ley se apuesta por la Formación Dual o en Alternancia. La FP Dual organiza la ofer-ta en funcio?n de las demandas de las empresas cercanas. Es decir, en función de los intereses del tejido productivo local. Este tipo de formación ya lleva unos años desarrollándose en Andalucía y la Junta está invirtiendo mucho para que se sepan las bondades de este tipo de enseñanza.
La empresa privada ha visto en esta enseñanza una forma de captar más alumnado y como em-presa privada que es utiliza su personal, pagado por la Junta de Andalucía, para que trabajen en esta formación. Mientras en los centros públicos donde se ha empezado esta aventura, comprue-ban como el profesorado que les llega y que comienzan a trabajar en este proyecto es sustituido al año siguiente teniendo que empezar de nuevo con el nuevo personal. Esto resulta frustrante y no sucede en los centros privados. Desde la CGT pensamos que si la Junta considera que esta for-mación es la adecuada debería invertir más medios para que se implantara en los centros públi-cos y no dejarlo en manos de los centros privados concertados.
También tenemos el articulado referente al tipo de centros que habrá para desarrollar la enseñanza de la FP. Aquí nos encontramos básicamente los centros públicos y los centros priva-dos. Estos últimos financiados con fondos de la Junta de Andalucía. Año tras año vamos compro-bando como la Junta de Andalucía apuesta por la enseñanza privada en vez de apostar por la pú-blica. No entendemos, como hemos dicho antes, por qué se pagan enseñanzas profesionales en centros privados teniendo los centros públicos con los medios y el personal para desarrollarlas. Esta nueva ley viene a perpetuar la enseñanza privada concertada, dejando a la enseñanza pública como subsidiaria de la privada.
Se establece igualmente que los centros tendrán autonomía pedagógica, de organización y ges-tión económica y personal. Si a esto se añade que la dirección de los centros podrá ser de libre designación, como también se establece en esta ley, tenemos la receta perfecta para crear cen-tros de primera y centros de segunda clase, donde habrá un servilismo intolerable.
Los centros, además de la asignación de la Junta, podrán obtener ingresos por la prestación de servicios y por aportaciones entre otros entes de empresas privadas. Esto que actualmente se está haciendo en aquellos centros donde se dispone de ciclos formativos donde se forma alumna-do para empleos como cocina o restauración, no estaría mal, si se considera que habrá otros centros donde por el tipo de enseñanza que se realiza o por no existir entes privados que puedan con-tribuir al sostenimiento de dichos centros, la Junta de Andalucía dispusiera de partidas presupuestarias para equilibrar los ingresos para que todos los centros puedan dar la misma formación a su alumnado. Pero esta cuestión no ha sido tenida en cuenta en la redacción de esta ley.
Sobre la formación del profesorado es necesario que la Junta de Andalucía además de ponerlo en la ley lo lleve a cabo. Ya está bien de utilizar el tiempo libre del profesorado para su formación. La Junta de Andalucía debe organizar la formación del profesorado en el periodo laboral y debe ser una formación de calidad que consiga el fin propuesto y no hacer perder el tiempo y el dinero en formación inútil. En esta línea se considera la posibilidad de realizar la formación en las propias empresas. Esta idea ya se ha planteado anteriormente, pero no sabemos cómo se llevará a cabo y si se contratará a más profesorado para cubrir la ausencia mientras se está en las empresas. Nos tememos que de nuevo el alumnado se quedará sin profesorado mientras dure la formación.
En definitiva, si se quiere mejorar la enseñanza de la FP se debe tener una ley donde la enseñan-za se realice con el personal necesario y los medios técnicos y económicos para su realización, empleando el dinero indispensable para la formación permanente del profesorado y todo ello desde una enseñanza pública y gratuita. No hay otra forma, por muchas vueltas que se le quiera dar.
Esta reforma, no es más que un ingrediente del progresivo desmantelamiento del Estado de Bienestar a favor de los intereses económicos de las empresas. Una pieza más del progresivo deterioro de lo público.