Las declaraciones del exdelegado de Educación de Granada, Antonio Jesús Castillo, confirman lo que llevamos tanto tiempo denunciando: Javier Imbroda gestiona la educación andaluza en beneficio de sus intereses personales.
La gestión del consejero Imbroda desde que accedió al cargo ha sido errática y ha estado plagada de ocurrencias que poco o nada ayudan a solucionar los graves males de la Educación Pública Andaluza, muchos de ellos, no podemos negarlo, heredados de años de nefastas políticas de los gobiernos socialistas que le precedieron.
No ha sido invento suyo el cierre de unidades escolares públicas con la excusa del descenso demográfico, mientras se han mantenido blindadas las unidades concertadas, como demuestran los estudios de FASE CGT. Pero ¿qué solución ha dado a esta sangría? Apostar por acelerarla con sus decretos y órdenes de escolarización, que vienen a fomentar aún más los conciertos en Bachillerato y FP.
No ha sido invento suyo el incumplimiento de la normativa sobre ratios, que provoca que cada curso comience con numerosas unidades escolares con un 10% de incremento. Ahora bien, ha llevado esta práctica a límites insospechados en un momento especialmente delicado por la pandemia que vivimos. La lentitud de los procedimientos judiciales le ayuda a que sigamos a la espera de que se dictamine de una vez que este incremento es ilegal.
No ha sido invento suyo el generar una masa de personal interino en condiciones precarias y de la que pueda prescindirse fácilmente en el futuro. Pero no cabe duda de que se ha esforzado en manejarla al menor costo posible, gestionando el tema de la cobertura de bajas de manera que los plazos se alarguen y se cubran sustituciones a cargo del personal de refuerzo COVID.
En definitiva, los grandes males que aquejaban a la educación pública andaluza no han hecho sino acentuarse bajo su mandato, al tiempo que sus “grandes propuestas mediáticas” anuncian que las cosas pueden incluso empeorar: convenios con corporaciones privadas para cederles la gestión y control de las herramientas digitales, sistemas de control del profesorado que invaden su derecho a la privacidad, reestructuraciones de la red de centros para hacinar más si cabe al alumnado y recortar recursos educativos en zonas rurales, externalización y privatización de servicios…
Ciertamente, alguna de estas ocurrencias tocó en hueso ante la movilización de la comunidad educativa, como los planes de reestructuración de las escuelas rurales y la apuesta por centros mixtos de Primaria y Secundaria (CEIPSOS). Pero en esos casos le fue fácil al señor Imbroda buscar cabezas de turco a quienes responsabilizar de la idea y salir de rositas. El problema es que ahora una de esas cabezas de turco, el exdelegado de Educación de Granada, ha decidido hablar y destapar las prácticas de su exjefe. Las declaraciones de Antonio Jesús Castillo a la prensa son demoledoras, y aunque algunas tendrán que ser probadas, otras dejan de manifiesto que los vínculos del señor Imbroda con su antigua empresa (MEDAC) han generado sospechas hasta dentro de su propio partido. Por fin vemos que no se trata de alucinaciones de sindicatos y colectivos “radicales”.
«Imbroda tiene un expediente admitido a trámite desde enero de este año por una denuncia de 156 páginas en la Comisión de Régimen Disciplinario Nacional de Ciudadanos».
No vamos a entrar a valorar el resto de acusaciones que lanza el señor Castillo sobre Imbroda y sobre la actual Delegada de Educación en Granada, Ana Berrocal, relacionadas con temas de luchas internas de poder en el partido al que ambos pertenecen, pero por el bien de la educación pública andaluza consideramos imprescindible que se aclare de una vez por todas el tema de la vinculación que mantiene el Consejero Imbroda con la que fue, y probablemente volverá a ser en el futuro, su empresa, y el posible trato de favor que está recibiendo MEDAC para continuar su expansión en detrimento de las enseñanzas públicas de Formación Profesional.
Señor Imbroda, coja la puerta (¿giratoria?) y váyase.