El 9 de febrero se entonó el primer canto de huelga por la estabilidad el profesorado interino en Andalucía. El 12 de marzo miles de profesores interinos, más de diez mil, se manifestaron en Sevilla y al finalizar la manifestación, se concentraron en las puertas de la Consejería de Educación en Torretriana. Nadie les recibió.
Durante el mes de marzo, se hicieron concentraciones y manifestaciones en todas las capitales de la geografía andaluza. Ninguna representante de la Administración se dio por enterada.
En torno a veinte mil docentes interinos están hoy día en Andalucía entre la espada y la pared. Tras el acuerdo firmado con las principales organizaciones sindicales el 29 de marzo del pasado año, Europa aprieta pero no ahoga, se pactó una oferta hostil y sin igual de empleo público que acabara de una vez por todas en nuestra piel de toro con el empleo temporal en la Administración. Se olvida que durante demasiados años la oferta de empleo fue exigua y ridícula; que la inmensa mayoría del profesorado interino que, día tras día, se deja la piel y marchita su esperanza en las aulas andaluzas ya ha aprobado más de una vez un proceso selectivo de oposiciones; se olvida que su suficiencia ya está más que probada y se olvida la necesaria savia que han inoculado, jornada tras jornada, a la tan por desgracia burocratizada tarea de educar.
A partir del próximo 14 de mayo se abre un nuevo ciclo de lucha. CGT, junto a otras organizaciones sindicales en su apuesta por la estabilidad del profesorado interino, convoca huelga en la enseñanza andaluza no universitaria. Pero esta vez la Administración, presta a disolver la amenaza que supone una huelga en estas comprometidas fechas, ha sido rápida y ha publicado una entrada en su página web en la que garantiza la evaluación del alumnado de las enseñanzas obligatorias y postobligatorias, estableciendo unos servicios mínimos que garantizarán, así está escrito, la evaluación de la generación a la que hoy le toca jugarse una plaza universitaria o el acceso a un ciclo formativo de grado medio o superior.
Poco o nada le importa a la Administración que el alumnado andaluz no haya recibido la formación necesaria. Cuatro son ya los meses que arrastra esta justa reivindicación de miles de trabajadores en fraude de ley. A nuestra inveterada Administración le basta con garantizar una calificación, una nota en un expediente que asegure la tranquilidad de las familias aunque el coste sea la formación de nuestras hijas e hijos. Por lo que respecta al profesorado interino en lucha, parece que nuestra Consejería apuesta por una fatalidad reaccionaria: Hay dos tipos de problemas, los que se resuelven solos y los que no se resuelven.
CGT denunciará los servicios mínimos establecidos por abusivos. El derecho a la educación, no el derecho a una calificación, es el derecho a una formación de calidad. Y la Administración parece ignorarlo.