En poco tiempo, la Consejería de Educación andaluza ha desmantelado los programas bilingües en Lengua de Signos Española (LSE), niega la consideración de personas sordas a las que tienen un implante coclear, recurre sentencias judiciales que la obligan a poner intérpretes al funcionariado docente sordo y ahora deja sin profesorado a este alumnado de cara al curso que viene.
Como cada año, este curso 2021-2022 las delegaciones provinciales andaluzas de educación han vuelto a publicar convocatorias para el profesorado de apoyo al alumnado sordo para cubrir las plazas pertinentes el próximo curso. Sin embargo, tras la publicación de las resoluciones provisionales de la mayoría de las provincias, gran parte de los aspirantes que optan al puesto, incluso profesionales que trabajan ocupando el mismo en el curso actual, han sido excluidos.
A tal punto llega la gravedad de la situación, que la Delegación de Málaga no ha admitido a ningún aspirante en la bolsa de apoyo al área sociolingüística.
El motivo más significativo y repetido por el que han excluido a estas profesionales es carecer de la titulación en Lengua de Signos Española. En muchos casos, lo que ocurre en realidad es que, de repente, alguien ha decidido allá por los altos cargos de la Consejería de Educación (sin criterio objetivo ni comunicación previa) que los títulos que expiden la Confederación Nacional de Personas Sordas (CNSE) y la Fundación Andaluza de Accesibilidad y Personas Sordas (FACC), en colaboración con las asociaciones que la conforman, no tienen validez en el proceso, aunque muchos de los que actualmente ocupan estos puestos hayan accedido a través de los mismos en llamamientos el curso actual.
Están desacreditando así la formación que ofrecen los referentes a nivel andaluz y estatal de la comunidad sorda y que velan por la educación y la integración de los niños y niñas con diversidad auditiva. Además, no existen apenas opciones alternativas a estos cursos ya que ni se han habilitado alternativas públicas a través del CEP ni de forma privada existen otras opciones.
En el caso de Málaga, el CEP de Vélez-Málaga ofreció este año un curso de tan solo 20 horas que no da acceso al puesto por sí solo y en el que no se conocen los criterios de admisión tenidos en cuenta puesto que el profesorado que ocupa estos puestos específicos se ha quedado en lista de espera.
El caos está servido, ya que proyectos presentados a estas convocatorias en provincias diferentes y con los mismos requisitos (los documentos de todas las convocatorias son exactamente iguales) acaban siendo aprobados en unas provincias y no aptos en otras bajo criterios supuestamente objetivos y unificados.
Por si esto fuera poco, la Delegación de Cádiz publicó la resolución provisional a fecha 6 de abril de 2022, dejando un plazo de alegaciones abierto hasta el día 13 del mismo mes. Sin embargo, durante los días sucesivos a la publicación, el enlace que daba acceso a la misma desde la propia web de la delegación aparecía y desaparecía de forma sistemática según el momento en que te conectaras.
¿Cuál será el resultado de esta exclusión masiva? Pues que los puestos que queden vacantes cuando comience el curso tendrán que esperar a ser ocupados cuando la Administración se decida a ofertarlos a través de SIPRI y probablemente, dado que no habrá personal suficiente en las bolsas, tendrán que volver a admitir las titulaciones que en ese momento les parezcan oportunas, eliminando de esta forma todo el proceso que conlleva la elaboración del proyecto y la formación exigidas para formar parte de las bolsas de los puestos específicos.
Recordemos que, ya al inicio de este curso, quedaron más de 15 puestos sin ocupar, lo que dejó al alumnado sordo desamparado y sin profesorado durante varias semanas o hasta finales de noviembre en algunos casos.
Por esto, RECLAMAMOS a la administración educativa:
– Reconocimiento de la labor docente y social de la CNSE y la FACC junto con las Asociaciones de Personas Sordas.