El profesorado y la sociedad en su conjunto han rechazado la deriva privatizadora que se viene produciendo desde hace años en la Educación Pública andaluza.
La huelga educativa del 4M se salda con una alta participación y movilización.
Se ha puesto en evidencia el descontento frente a los recortes de los últimos años a favor de las enseñanzas privadas concertadas, a las que el nuevo decreto de escolarización beneficia sin reparo alguno.
CGT denuncia el proceso privatizador de la Educación Pública, que pasa por el deterioro interesado y la saturación de los servicios públicos para desprestigiarlos y posteriormente hacer valer las empresas privadas como alternativa, a la vez se produce un efecto segregador del alumnado.
¿Cómo se traduce esto? En miles de personas en situación de interinidad y provisionalidad; insuficiente atención a la diversidad y a alumnado con necesidades educativas; la externalización de servicios (PTIS, ILSE, monitoras); más de 1700 unidades escolares perdidas en los centros públicos de Infantil, Primaria y Bachillerato desde 2011; pérdida de alumnado de centros públicos únicamente mientras se promocionan los centros privados concertados; deterioro y abandono generalizado de los edificios e infraestructuras; falta de recursos y dotación económica; sobrecarga de trabajo del profesorado y equipos directivos que tienen que realizar las tareas de los administrativos que no se contratan y burocracia excesiva que no permite desarrollar las labores educativas en condiciones.
En cuatro años se han eliminado 4683 puestos de trabajo de profesorado público frente a las 2655 plazas de nueva creación concertada en los tres últimos años. La consecuencia: miles de funcionarios desplazados por la supresión de sus puestos de trabajo.
Lo mismo ha sucedido con el personal administrativo, subalterno y de servicios, que ha perdido más de 2000 plazas en los últimos nueve años.
Que no nos engañen, el deterioro de lo público en favor de la privada concertada es responsabilidad del gobierno andaluz desde hace años, y no fruto de un decreto puntual del nuevo gobierno. Podemos afirmar que, de seguir con las políticas del anterior gobierno socialista, en los próximos 8 o 9 años se habrán perdido un total de más 5000 unidades públicas y todos los puestos de trabajo que conllevan.
CGT seguirá luchando por la educación pública y los derechos de todas las personas que trabajan en ella, gobierne quien gobierne.
¡SI NADIE TRABAJA POR TI, QUE NADIE DECIDA POR TI!
