CGT ha comprobado que, 14 años después de que la Ley de Memoria Histórica fuera aprobada, más de una decena de centros educativos de la provincia aún mantienen nombres ligados a la represión de los golpistas durante la guerra civil y a la dictadura franquista.
Desde el sindicato informan de que el cambio de denominación de un centro corresponde al Consejo Escolar. Sin embargo, la Administración es la responsable última y quien debe hacer cumplir la ley. Por ello, CGT está remitiendo diversas denuncias a la Delegación de Educación en las que expone que la Administración debe hacer lo que esté en su mano evitar denominaciones ilegales.
Tales son los casos, por ejemplo, del CEIP José Banús (Málaga), que no solo fue espía franquista, sino que además fue constructor de un monumento funerario tan controvertido como el Valle de los Caídos, donde explotó a presos republicanos. O el de la EI Villafranco de Alhaurín el Grande. Esta escuela toma su nombre del núcleo fundado en 1950 por el Instituto Nacional de Colonización Villafranco del Guadalhorce y que alude a Francisco Franco. Y la EI Patín Carlos Haya, de Málaga, golpista y piloto considerado un héroe de guerra de la aviación franquista.
Para CGT, es inconcebible que se honre a personas que dieron un golpe de estado para acabar con la democracia en España poniendo su nombre a calles, plazas o edificios. En el caso de los nombres de centros educativos, es aún más sangrante, ya que desde las aulas, indican en CGT, se inculcan valores como la democracia, la libertad o la solidaridad, conceptos totalmente contrarios a la dictadura franquista.