Andalucía es la comunidad autónoma donde menos PCR se realizan. A fecha 22 de octubre, 164,87 test por cada 1000 habitantes frente a Navarra que realiza más del triple, 522,20 por cada 1000. Este hecho es muy grave en sí mismo porque no nos muestra las verdaderas dimensiones de la pandemia en Andalucía ni nos permite un análisis riguroso de los datos para poder entender y prever su evolución.
Si analizamos los datos de la Consejería de Salud andaluza en el perfil de la pirámide poblacional de las gráficas que se adjuntan, podemos ver un aspecto fundamental de cambio en la evolución de la epidemia: en los primeros meses la incidencia entre los menores de 19 años fue mínima. A partir del 11 de mayo hasta hoy, la incidencia en este grupo de edad escolar se ha multiplicado por 10. Los contagios han aumentado de forma exponencial entre la población más joven, mientras que se han controlado en los adultos.
Es evidente e innegable que la apertura de los centros escolares ha supuesto una fuente esencial de contagio y transmisión, por mucho que se nos quiera convencer de que son un entorno seguro maquillando los datos. La Consejería de Educación se debería centrar en solucionar este grave problema en vez de negarlo.
Desde CGT llevamos meses exigiendo una educación presencial segura, que pasa por la bajada de ratios en las aulas y la adecuación de las instalaciones de los centros educativos para minimizar el riesgo. Hemos denunciado la falta de voluntad política para reducir esta masificación y la falta de inversión en educación para poder disponer de los medios sanitarios adecuados en los centros.
Con la declaración del nuevo estado de alarma nos encontramos que en los centros educativos andaluces:
- No se están garantizando ni los recursos mínimos o esenciales como pueden ser: mascarillas, geles hidroalcohólicos o EPI.
- No se ha incorporado personal sanitario a los mismos.
- Los protocolos de seguridad se han reducido a lo mínimo: no se realizan pruebas ni seguimiento de los contactos, entendiéndose que el simple hecho de llevar una mascarilla significa no ser contacto estrecho.
- Se silencian y ocultan los casos de contagio con el pretexto de no crear alarma.
- No se ha tomado ningún tipo de medidas de cara al invierno y la ventilación de las aulas con la bajada de temperaturas.
El objetivo es claro: minimizar la recolección de datos para no encontrarnos con evidencias abrumadoras del incremento de contagios que ha supuesto reabrir los centros educativos, como ya reconocieron otros países.
Este es el objetivo del perfil bajo de Andalucía en cuanto a la información y realización de test a la población escolar y al resto en general: que no podamos analizar las consecuencias al disponer de información insuficiente. Este es el principal peligro a su vez, que la falta de información necesaria para un análisis riguroso nos lleve a un desastre en la evolución de los contagios del que no se pueda hacer responsable a nadie.
Y de nuevo vamos tarde: se ha decretado el estado de alarma y el toque de queda, pero la actividad educativa va a continuar en este estado de anormalidad respecto a otros sectores, como si no pasara nada. Si se sigue negando la fuente de transmisión que suponen los centros educativos, si no se realiza un seguimiento exhaustivo de los positivos y sus contactos, si no se incorpora personal sanitario a los mismos, si no se reducen las ratios y no se invierte en seguridad e instalaciones en vez de dejarla en manos de las familias (en algunos centros están comprando filtros de aire y otros sistemas de renovación y ventilación), de nada servirá el sacrificio y esfuerzo de toda la población con el nuevo decreto de estado de alarma.
Que nadie se sorprenda si dentro de un mes no hemos conseguido controlar un mínimo la pandemia. Que no nos vengan de nuevo con el cuento de que no estamos siendo responsables.
O se invierte en educación o lo pagaremos toda la población mucho más caro.