Este año 2022 finaliza el Acuerdo de la Junta de Andalucía para la retirada de amianto de los centros educativos. Quedan cuatro meses para las vacaciones de verano y diez para la finalización del año. La retirada de amianto conlleva una tramitación de varios meses desde que se inicia el expediente. Salvo pequeñas actuaciones que se pueden realizar en cortos periodos de tiempo (vacaciones de Navidad, Semana Santa, puentes o fines de semana), en el resto son necesarias varias semanas, siendo únicamente posible su ejecución —sin alumnado ni personal en el centro educativo— durante el periodo de las vacaciones estivales.
Para poder realizar su retirada antes de final de año hace falta:
1. En los centros con mayor cantidad de amianto, la agilización de todo el proceso, para que en los meses de verano se pueda llevar a cabo la retirada (ejemplo: IES El Fontanal de Lebrija).
2. El inicio de expediente de todos aquellos centros que se han denunciado y en los cuales no hay previstas actuaciones.
3. La revisión por parte de técnicos de aquellos centros que por su antigüedad puedan tener instalado amianto (construidos con anterioridad a 1980, del Plan Urgente de Andalucía —PUA—…).
4. En aquellos centros en los cuales se han realizado actuaciones parciales, la planificación de la retirada de la totalidad del amianto (ejemplo: CEIP Fernando Feliú de Gerena).
Casos por toda Andalucía
La Escuela de Arte León Ortega de Huelva, cuya remodelación del edificio y retirada de las cubiertas afectadas está pendiente desde hace años. Los institutos Virgen de la Esperanza de La Línea (sin programar), el Zaframagón de Olvera y Las Salinas de San Fernando (programados). Se da el caso incomprensible de la Residencia Escolar de San Roque, que aparecía en el Plan de 2020 pero desaparece en el de 2021, a pesar de que el amianto persiste. Especialmente grave es la situación de cinco centros de la provincia de Sevilla: el colegio España y el Pablo Ruiz Picasso de la capital, el San Blas de Carmona y los institutos Matilde Casanova de La Algaba y el Salvador Távora de Sevilla. En todos ellos el amianto presenta roturas —la APAE lo sabe desde hace años en algunos casos— y ahí sigue, como si fuese algo inofensivo. El listado de centros que hemos elaborado con nuestras denuncias es mucho mayor. Estos son solo un botón de muestra.
Transparencia cero. Prioridad ninguna
Entretanto, no sabemos qué va a pasar con los centros no incluidos ni programados hasta el momento. La salud de quienes acuden a ellos no es de primera ni de segunda división, según se desprende de la inacción de la consejería. Desconocemos también qué será de ese dinero sin usar de una partida de 60 millones de euros. El inventario de centros con amianto no existe, muestra evidente de la falta de transparencia y ocultismo de la Administración.
Hace cinco años y medio de la aprobación del Acuerdo y a fecha de junio de 2021 más de la mitad del presupuesto estaba disponible, y solo el 68 % de las actuaciones previstas estaban cerradas. Resulta muy llamativo que en la nota de prensa sobre el Plan de Infraestructuras de 2022, aparecida hace un mes en la web de la consejería, no se mencione explícitamente ningún caso de amianto.
El amianto es cancerígeno
Lo dice la Organización Mundial de la Salud desde hace décadas. Por eso, CGT y las familias no van a dejar que este tema se invisibilice y no pararán hasta la retirada del amianto de todos los centros educativos. La concentración y entrega de un escrito en la Consejería de Educación este miércoles 23 es solo el principio de las acciones que van a llevar a cabo. Es hora de decir basta.
Exigimos a la Consejería de Educación que tome todas las medidas necesarias al respecto de manera urgente, pues la salud de la comunidad educativa está en juego.