La transparencia y publicidad de los criterios de corrección y calificación no deberían ser discutibles cada vez que hay una convocatoria de oposiciones. CGT considera que ver las pruebas escritas y corregidas es un derecho no graciable y que, por tanto, cualquier aspirante puede tener acceso tanto a sus pruebas como a los criterios de corrección y calificación usados por los tribunales. De no ser así, se estarían conculcando los requisitos de igualdad, mérito y capacidad que establece la Constitución Española en sus artículos 23.2 y 103.3. Asimismo, hay que recordar que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (incluida en la Base primera 1.2. Normativa aplicable, de la Orden de 5 de abril de 2018, por la que se efectúa la convocatoria de procedimientos selectivos) garantiza el acceso a los archivos y registros administrativos, salvo que afecten a la Seguridad y Defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la integridad de las personas: situaciones que no se dan en este caso.
La insatisfacción de cientos o miles de aspirantes que no han podido ver sus pruebas es grande. La necesidad de crear un sistema más transparente, con protocolo de revisión de exámenes incluido, es un clamor. Las múltiples quejas han llevado a la Consejería de Educación de Extremadura (puesta en evidencia tras la filtración de exámenes de la EBAU y su posterior repetición) a aceptar esa petición. Pero el malestar no procede solo de las personas que se examinan. Las condiciones de quienes conforman los tribunales no son admisibles: jornadas de 12 horas corrigiendo o escuchando las defensas y exposiciones. Así es imposible, por muy buena predisposición que tengan o profesionales que sean, rendir al cien por cien en un proceso tan determinante para quienes se juegan su futuro. Todo por ahorrarse unos euros la Consejería en un proceso comprimido. Prima la cantidad, no la calidad del procedimiento. Nada nuevo, por otra parte.
En su momento ya denunciamos en medios de comunicación y ante la Dirección General de Recursos Humanos los errores cometidos en distintas pruebas. Paradigmático es el caso del examen de DIBUJO, que hubo de repetirse. Instamos a que se pidieran responsabilidades patrimoniales a quien preside su comisión de selección por gastos de desplazamiento y de estancia. Errores hubo también en FOL (falta de información), GEOGRAFÍA e HISTORIA (climograma), FRANCÉS (texto que no tenía cabida, según la convocatoria de oposiciones), etc.
Que este sistema no nos gusta es más que sabido. Hasta que se cambie, desde CGT solicitamos el carácter no eliminatorio de los exámenes, de modo que no se deje a aspirantes fuera de la prueba de aptitud pedagógica, imprescindible para la docencia.
Seguimos reclamando además la readmisión del profesorado excluido en 2017 por fallos en la teletramitación. Ya hay sentencias favorables, por lo que pedimos que la readmisión se haga extensiva a todo el colectivo afectado.