En los puestos específicos del equipo educativo de la Oficina del Comisionado se vuelven a tomar decisiones políticas sobre quién debe ocuparlos y quién no, haciendo un uso partidista de unos puestos técnicos.
A raíz del sonado caso de Anaís Moreno Malpartida –en el que resultaron implicados varios altos cargos de la Delegación Territorial de Educación de aquel entonces (2014), y cuyo juicio, previsto para febrero de 2023, se ha pospuesto por la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ)–, la administración educativa se vio obligada a regularizar dichos puestos y procedimientos, realizando una convocatoria pertinente y formal para poder entrar en la bolsa de los puestos específicos de equipo educativo de la Oficina del Comisionado. Para ello, había que ser aspirante, interino o funcionario de carrera de los cuerpos de: Primaria, Secundaria, Orientación Educativa o de Formación Profesional de Servicios a la Comunidad. Esta convocatoria de 2018 contemplaba como requisito presentar un proyecto y defenderlo públicamente ante una comisión. Una vez resuelto el procedimiento, entró un nuevo equipo formado por cuatro profesionales de la educación; la Comisionada Mar González coincidió con ellos un curso escolar, ya que el actual Comisionado, Jaime Bretón, tomó posesión de su puesto en verano de 2019.
El pasado viernes 14 de abril, se comunicó desde la Jefatura de Recursos Humanos de la Delegación Territorial de Educación de Sevilla a los sindicatos un cambio en los perfiles de los puestos específicos. De los cuatro que hay, suprimen dos e incorporan dos nuevos: uno de FOL y otro de Magisterio de Educación Infantil. Había varias propuestas por parte de la Delegación de Educación y el Servicio de Inspección de la zona, pero finalmente –se desconocen los motivos– la propuesta que ha salido adelante ha sido la de Jaime Bretón y la Dirección Técnica de la Oficina. La propuesta realizada –de manera velada y bajo el desconocimiento de los órganos de participación del Plan Educativo de Zona del Polígono Sur– no se basa en ningún estudio de análisis de necesidades de los puestos. Es arbitraria, sin base técnica que justifique realmente la necesidad del cambio e inconsistente en su fundamentación.
Según transmiten profesionales de educación en el Polígono Sur, para esos puestos el tipo de especialidad no es un requisito determinante: lo relevante es la trayectoria y el recorrido en tiempo de trabajo en la zona –que es muy complejo–, la capacidad de articular relaciones entre servicios, favorecer la coordinación entre espacios de trabajo e impulsar líneas estratégicas de manera colaborativa. La pérdida del trabajo y la experiencia de las dos personas que hasta ahora ocupaban esos puestos implicará un gran retroceso en los procesos impulsados actualmente en educación en el Polígono Sur, supondrá una gran pérdida y –en términos de aprovechamiento de recursos humanos– es inoperante e ineficaz. Con esta decisión, Jaime Bretón y la Dirección Técnica de la Oficina podrían estar pervirtiendo el procedimiento y el uso de las instituciones públicas, además de menoscabar el trabajo comunitario y social que se hace en el barrio.
El sindicato CGT está estudiando la convocatoria –remitida sin prácticamente tiempo para su lectura y análisis, un rato antes de la reunión con la Jefatura de Recursos Humanos– y no descarta interponer un recurso administrativo debido a la opacidad y la rapidez con la que se ha sacado, así como la inconsistencia técnica de la decisión de los cambios, que parecen obedecer más a cuestiones arbitrarias y políticas.