El pasado 2 de junio tuvimos conocimiento de la firma de un acuerdo en la Mesa General de negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral
de la Administración de la Junta de Andalucía en virtud del cual se establece un calendario para la recuperación progresiva de los derechos sustraídos al
mencionado personal como consecuencia del estallido de la crisis económica.
Dicho acuerdo, que no viene acompañado de una memoria económica, comienza con un extenso preámbulo en el que se exponen las diferentes disposiciones
legales que han servido como instrumento para robarnos impunemente nuestros derechos laborales y para deteriorar gravemente la calidad de los servicios
públicos andaluces. Anuncia logros de difícil y diferido cumplimiento:
– el último pago de la extra de 2012 para febrero de 2018;
– las 35 horas para septiembre de 2017. La misma medida, planteada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, ha sido tumbada por el Tribunal Constitucional;
– las 19 horas para el curso 2017/18 y las 18 para 2018/19 (como cambio de consideración de horario lectivo);
– la recuperación de las ayudas de acción social para 2019;
– la revisión del catálogo de enfermedades que son causa del abono del 100 por incapacidad temporal, siempre que haya disponibilidad presupuestaria.
A pesar del acuerdo de todas las organizaciones sindicales con presencia en Educación, pese a los ofrecimientos concretos por parte de algunos sindicatos,
incluida la CGT, y a las movilizaciones impulsadas por Marea Verde, no ha sido posible esa unidad que hubiera dado pie a movilizaciones conjuntas y a que,
ante una posible negociación, se hubiera colocado al colectivo en una situación de fuerza ante la Administración. Frente a eso, desde los sindicatos
firmantes, se prefiere pensar siempre que no hay voluntad por parte del profesorado y que, por ello, la única posibilidad es pactar en los despachos lo
mejor para el colectivo, todo para el pueblo es un decir-, pero sin el pueblo.
En consecuencia, la CGT hace un llamamiento para secundar las próximas movilizaciones en defensa de lo público
. En Andalucía hay convocado un paro parcial para el próximo 13 de junio en todos los centros docentes públicos no universitarios entre las horas
tercera y cuarta para exigir la reversión de todos los recortes infligidos a la educación pública andaluza. El 18 de junio tenemos convocada en Madrid
una manifestación POR LO PÚBLICO.
¡LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO!
No queremos migajas. No le vamos a hacer el juego ni la campaña electoral al PSOE.
Ampliando la reflexión
Llama la atención la afirmación literal de las partes firmantes (Gobierno Andaluz, CSIF, UGT y CC.OO.) de que
Pese a no compartir con el Estado la idoneidad de estas medidas, tanto el Gobierno Andaluz como las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa de
negociación han actuado en todo momento con lealtad institucional y corresponsabilidad.
Resulta insultante que se firme un acuerdo a plazos que comenzará a aplicarse en septiembre, tras las elecciones generales curiosa
coincidencia- y con la Comisión Europea exigiendo a gritos la aplicación de nuevos y brutales recortes que, si no lo evitamos, volverán a cebarse en el
gasto social y en los servicios públicos.
Más ofensivo aún es que se vincule la aplicación de lo acordado -la devolución paulatina de lo que se nos robó de una tacada- a las posibilidades reales
que permite el necesario equilibrio presupuestario… o
que se engañe a la gente con la vuelta a las 35 horas sin especificar que para ello es imprescindible la modificación de la Ley 2/2012, de 29 de junio,
de Presupuestos Generales del Estado de 2012.
Andalucía se verá en la misma situación que Castilla-La Mancha, donde el Tribunal Constitucional ha suspendido la aplicación de dicha medida.
En la CGT tenemos claro que pueden robarnos nuestros derechos y nuestro salario, pero nunca la inteligencia y la dignidad. En los últimos años se han
adoptado medidas y acuerdos que, partiendo del ámbito de la Unión Europea, han ido concretándose en nuestro país en las disposiciones legales enunciadas en
el preámbulo del Acuerdo a partir del estallido de la burbuja inmobiliaria y de la consiguiente crisis económica global. Su efecto combinado es fortalecer
instituciones no elegidas democráticamente para controlar las políticas económicas, fiscales y laborales y controlar el gasto público de cada país. Y todas ellas han sido apoyadas tanto por el PSOE como por el PP. Algunas de las medidas más relevantes son el Pacto del Euro y el Pacto
Fiscal.
Lamentablemente, quienes nos gobiernan parece que cuentan con colaboradores dispuestos a distraer a la gente a cambio de alguna que otra migaja, ya sea por
medio de subvenciones que suelen aparecer en el BOJA o en el BOE en agosto o con la recuperación de los cursos de formación (extraña coincidencia que la
Presidenta andaluza anunciara su reanudación a los pocos días de la firma del Acuerdo).
Si en el primer trimestre de 2016 Andalucía es la segunda Comunidad Autónoma con más déficit y que en 2015 su deuda pública alcanzó los 31.365 millones (el
21,70% del PIB), no parece descabellado inferir que las partes firmantes del Acuerdo están decididasa exigir la derogación de toda la normativa anteriormente citada y a negarse al pago de una deuda que es claramente ilegítima y odiosa. ¿Lo considerarán compatible los sindicatos firmantes con su lealtad institucional y corresponsabilidad? En caso contrario, se antoja
imposible la recuperación de los derechos laborales y salariales robados, quedando entonces el Acuerdo en puro papel mojado o, lo que sería peor, en una indecente operación de apoyo al PSOE, en plena precampaña electoral, aterrado por los escándalos de corrupción y por los sondeos.
Tenemos claro que el único camino para recuperar los derechos robados y revertir los recortes en el sector público, recuperando todo lo
que se ha privatizado hasta el momento, es el de la movilización de quienes hacemos posibles los servicios públicos y de quienes dependemos de ellos como parte de nuestro salario.