La situación de la Educación Pública en Andalucía es cada día más crítica. Tanto o más que la de la sanidad. Las tasas de fracaso y abandono escolar son insoportables. La eliminación de clases en los centros educativos y la masificación en sus aulas están dañando la calidad de la enseñanza. Las infraestructuras están cada vez más deterioradas y en algunos casos suponen un peligro para la comunidad educativa. Los recortes en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales están excluyendo del sistema educativo a los más vulnerables. Otros recortes en enseñanzas artísticas y universitaria se suman a discutibles medidas ideológicas impuestas por el nuevo gobierno andaluz. Ante todo ello, diversos colectivos de familias, profesionales y estudiantes anuncian una serie de movilizaciones que comenzarán este domingo 15 de diciembre con una manifestación en Sevilla.
El tan cuestionado Informe PISA no es, ni mucho menos, el indicador infalible ni el medidor absoluto de la enseñanza en un país. No obstante, muestra datos y tendencias que la propia administración conoce de primera mano y que los profesionales de la educación intuimos ya en nuestra práctica diaria en las aulas. En Andalucía seguimos padeciendo altísimas tasas de fracaso escolar (alrededor del 34%) y de abandono escolar temprano (en torno al 22%), muy superiores a las del resto del Estado. Nuestra Comunidad se mantiene más de 10 puntos por debajo de los resultados medios estatales en matemáticas y ciencias, sólo por delante de Canarias, Melilla o Ceuta. Estos datos se refieren, no se olvide, a una generación que ha soportado las consecuencias de la LOMCE y de continuos cambios normativos. Una generación que ha sido educada en un contexto de recortes traducidos en menos recursos, menor número de profesionales y mayores de tasas de precariedad laboral. Todo ello castiga principalmente al alumnado más vulnerable, aquel con necesidades educativas especiales y proveniente de entornos socioeconómicos difíciles.
Los datos son alarmantes y frente a ello, en lugar de plantear soluciones consensuadas con la comunidad educativa y dotadas del suficiente apoyo presupuestario, el actual gobierno andaluz viene lanzando una serie de ideas improvisadas, sin fundamento científico, ni apoyo alguno por parte de profesionales y familias. Ejemplos de ello han sido el desastroso Plan de Refuerzo Estival, las Instrucciones de primaria del presente curso (que han desdibujado el papel fundamental de la Tutoría en esta etapa educativa) o la reciente ocurrencia de integrar las etapas de infantil, primaria y secundaria en un mismo centro (CEIPSO).
Los años de abandono y recortes, unidos a las decisiones adoptadas por el actual gobierno, desde su llegada al poder, han provocado un panorama desolador. En este curso, y según datos de la propia Consejería de Educación, se han suprimido 183 clases de infantil y primaria en nuestra provincia. Al mismo tiempo, el curso se inició con, al menos, 104 clases sevillanas en las que el número de alumnos y alumnas supera el permitido por la ley. Es, por ejemplo, el caso del colegio Inspectora Isabel Álvarez de la Puebla de Cazalla.
En relación con las infraestructuras educativas, la dejadez de las administraciones está poniendo en riesgo tanto al alumnado de colegios e institutos, como a las personas que trabajan en ellos. Hace tan solo unos días, en el IES Tartessos de Camas se vino abajo toda la cobertura de azulejos de una pared, durante el horario escolar. Las obras en el masificado IES Albero de Alcalá de Guadaira se eternizan y obligan a la comunidad educativa a convivir con ellas. Las familias del IES Palomares han llevado a cabo movilizaciones para exigir que termine de construirse el aulario y desaparezcan las caracolas del patio. La lista completa de deficiencias en las instalaciones escolares causaría estupor.
La situación de la Atención a la Diversidad es particularmente sangrante. Las familias agrupadas en la plataforma Escuelas de Calor, han contabilizado hasta el momento más de 25 centros donde la plantilla de profesionales dedicados al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) es absolutamente insuficiente para garantizar la escolarización con garantías y calidad de estos niños y niñas. Faltan especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT), en Audición y Lenguaje (AL) y monitoras o Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS). En relación con esto, las familias han presentado ante la Delegación Provincial de Educación casi 200 reclamaciones que no han obtenido respuesta. Según la Asociación de Sevilla de Directoras y Directores de Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria, en nuestra provincia faltan 193 especialistas en Pedagogía Terapéutica. Algunos de los centros donde el déficit de profesionales está poniendo en riesgo la inclusión del alumnado con NEE son los colegios María Ana de la Calle en El Coronil, el San Agustín de Écija o El Manantial en a capital y los institutos Alcaria de La Puebla del Río o el Cavaleri de Mairena del Aljarafe.
Los ataques y el menoscabo de la Educación Pública se producen también en el ámbito de las Enseñanzas Artísticas, como han denunciado en sus recientes movilizaciones los estudiantes del Conservatorio Superior Manuel Castillo, en las que señalaban falta de personal docente y administrativo y carencias en las infraestructuras; es uno de los dos únicos conservatorios en toda Europa que no cuenta con auditorio. También la comunidad universitaria ha salido a la calle, denunciando el recorte presupuestario, la privatización de estas enseñanzas y la creciente precariedad del personal docente.
Todo lo anterior, unido a las medidas de corte ideológico que pretende introducir el gobierno andaluz, tales como el llamado “pin parental” o la inclusión de la caza en el currículum académico, han llevado a la comunidad educativa a declarar la “Emergencia Educativa” en las VI Jornadas de Mareas por la Pública, celebradas el pasado fin de semana en Cádiz. En este sentido, damos comienzo a una serie de movilizaciones con el objeto de revertir la situación descrita y devolver a la Educación Pública la importancia fundamental que merece como igualador social y pilar democrático básico, como única garante de los principios de inclusión, igualdad, libertad y diversidad.