Un nuevo lavado estival de conciencia

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Por cuarto año consecutivo, la Consejería de Educación pone en marcha su Programa de Refuerzo Educativo Estival.

Como denunciamos en las anteriores convocatorias, y como bien sabe todo el personal docente, es inviable intentar solucionar en quince días las necesidades de refuerzo que padece el sistema educativo andaluz, y que se sufren durante los diez meses de curso escolar. No solo es inviable. Es una tomadura de pelo por partida triple: a las familias, al alumnado y al personal docente.

Se trata de un mero parche a una deficiencia estructural de medios y de recursos. Claro que a esto nos tiene de sobra acostumbradas la consejería cuando, por ejemplo, contrata de forma temporal especialistas en Orientación, en Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje mediante programas financiados por fondos europeos con pronta fecha de caducidad (por ejemplo, PROA+Transfórmate o Unidades de acompañamiento), en lugar de sacar más plazas de estas especialidades en las ofertas de empleo público. Y así seguimos en el juego favorito de nuestra Consejería de Educación: “de parche en parche y tiro porque me toca”.

Este programa también es fiel reflejo de aquello en lo que, para la Administración, se ha convertido la escuela pública: un lugar donde las familias puedan aparcar a sus hijos e hijas mientras acuden a trabajar. Recordamos que la labor de la escuela no debe ser la asistencial, sino la de instrucción y formación en condiciones de máxima calidad.

El alumnado, las familias y el personal docente no merecen las migajas de este refuerzo estival. Lo que merecen es una bajada sistemática de las ratios por aula, la contratación de más personal docente y de más especialistas en la atención a la diversidad durante todo el curso, la cobertura inmediata de las bajas y la mejora de instalaciones e infraestructuras.

Esto sí que sería un Plan de Refuerzo para sacar a Andalucía del vagón de cola educativo de España (y casi de Europa). Sin duda, más caro (desde su perspectiva mercantilista), pero más efectivo para intentar que Andalucía deje de ocupar los primeros puestos en el ranking de fracaso y abandono escolar temprano, y los últimos puestos en inversión acumulada por alumno y en personal educativo (docente y de apoyo) por habitante.