La nueva propuesta de conciertos educativos de la consejería: del «allegro ma non tropo» socialista al «allegro presto» de Ciudadanos

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La educación no como un derecho, sino como un negocio. Entidades sinónimo de lucro se frotan las manos.

En nuestro primer comunicado sobre el borrador de la nueva orden que establece las normas para acogerse al régimen de conciertos educativos, ya alertamos del peligro que supone para la Escuela Pública. Y es que, a poco que se analice el estado general de la educación privada concertada en España, puede comprobarse que el gobierno andaluz apuesta descaradamente por copiar el modelo de conciertos implantado en la Comunidad de Madrid, que tanto dinero generó, y no siempre de forma lícita, a determinadas empresas y cargos políticos del Partido Popular.

De la actual normativa madrileña, el gobierno andaluz ha copiado casi literalmente el artículo que permite abreviar el trámite para la obtención de conciertos educativos para nuevas enseñanzas, ya que, frente a los tres cursos académicos que actualmente conlleva el proceso (uno en el que se solicita la autorización para impartir nuevas enseñanzas; un segundo para, contando con ella, solicitar el concierto; y un tercero para comenzar a impartir la enseñanza concertada), ahora se pueden solicitar a la vez la autorización y el concierto, de manera que al curso siguiente se contaría con las correspondientes unidades concertadas.

No cabe duda de que esta agilización de los trámites vendrá a acelerar el ritmo de crecimiento de la enseñanza privada concertada en Andalucía que, a juzgar por los datos oficiales, no puede decirse que haya sido lento en las últimas décadas de gobiernos socialistas. Baste recordar que entre el año 2000 y el 2015 Andalucía fue la comunidad autónoma con mayor crecimiento de la enseñanza concertada, que casi duplicó el número de sus unidades escolares, pasando de 575 a 1124.

El borrador calla más de lo que dice

Es también un plagio de la normativa madrileña el hecho de permitir a los centros privados simultanear unidades concertadas y de pago para unos mismos estudios, si bien en Madrid se deja claro de forma explícita y nuestra consejería opta por suprimir la prohibición vigente hasta la fecha. En cualquier caso, es una medida que satisface a algunos sectores, como puso de manifiesto la asociación Escuelas Católicas en un documento de 3 de junio de 2019. No hay que hacer muchas cábalas para entender que parte de la financiación pública para las unidades concertadas redunda en instalaciones y recursos que, inexcusablemente, serán compartidos con el alumnado de pago.

Hay también bastantes similitudes entre la normativa madrileña y el actual borrador de la consejería en el trato prioritario que se da a la concertación de unidades de Educación Especial, aludiendo a las «necesidades de escolarización con déficit de oferta”. No hay mejor reconocimiento del abandono y falta de inversión pública hasta la fecha en este tipo de enseñanza por parte de los gobiernos andaluces. Aquí han visto un filón.

Sin embargo, no todo es corta y pega en el borrador que plantea la consejería de Educación, porque aporta, frente a la normativa madrileña, una especial “preocupación” por los estudios de Formación Profesional, ya sea Básica, de Grado Medio o Superior. Todo parece indicar que nuestro consejero Imbroda sabe bastante sobre el tema. La priorización del concierto de estos estudios, siempre atendiendo a la “lucha contra el fracaso escolar” y a mejorar la “empleabilidad” de nuestra juventud, vuelve a demostrar el abandono del que han sido objeto por parte de la Administración pública. Tras años de falta de inversión y de obstáculos a los centros públicos que demandaban ampliar la oferta de Formación Profesional, ahora será la iniciativa privada (previo pago) la que vendrá a cubrir las lagunas (o Grandes Lagos) que han creado nuestros gobiernos.

En el plazo de pocos años contemplaremos, sin duda, que el porcentaje de unidades de Formación Profesional privadas sujetas a concierto alcanzará las cotas que ya tienen en las grandes ciudades andaluzas las unidades concertadas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria. Y es que la demanda de estos estudios, hemos de reconocerlo, supera en mucho a la oferta actual de plazas escolares públicas. Tras años de fermentación del problema, de mantener ociosas parcelas de suelo público destinadas a uso educativo en tantos ayuntamientos de Andalucía, la iniciativa privada llegará al rescate y se ganará el aplauso general.

¿O cabe otra interpretación? El borrador de la nueva normativa de conciertos educativos en Andalucía ha coincidido en el tiempo con la alarma generalizada de la patronal de la enseñanza privada ante el anuncio de la posible subida del IVA que grava su actividad. Hablan incluso de que corren el riesgo de perder a su alumnado y desaparecer. Entonces, ¿no será la facilitación de los conciertos educativos una forma de “rescate” de los centros privados? Acostumbrados estamos a rescatar con dinero público a las grandes empresas y corporaciones cuando llegan las crisis. Hora es ya de que se ponga el mismo interés en rescatar a la Escuela Pública del estado de penuria en el que la han dejado sumida las políticas neoliberales de las últimas décadas.

No vale lamentarse a posteriori. Toca defender y reforzar la escuela 100% pública antes de que solo queden las raspas.

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