La situación generada en torno a los auxiliares de conversación en Andalucía refleja una grave falta de coordinación entre administraciones y una gestión deficiente por parte de la Junta, que ha derivado en una sanción millonaria y en la suspensión del programa para el próximo curso.

Aunque la Junta argumenta que el programa depende del Ministerio de Educación, no puede eludir su responsabilidad en el cumplimiento de la normativa laboral y de extranjería. Las comunidades autónomas son las encargadas de gestionar los fondos y las condiciones de estancia de sus auxiliares, por lo que deberían haber garantizado su correcta regularización.

Negligencia administrativa

La Junta conocía desde mayo de 2025 la sanción de la Inspección de Trabajo, pero en lugar de buscar soluciones inmediatas (como regularizar su situación o exigir al Ministerio claridad), optó por el inmovilismo, lo que ha llevado a la suspensión del programa.

Ha existido falta de previsión. Si el problema afectaba solo a Sevilla, ¿por qué no se actuó a tiempo para evitar su extensión a toda Andalucía?

¿Juego político o descoordinación entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía?

La Consejería de Desarrollo Educativo denuncia con razón la incoherencia entre ministerios (Trabajo, Educación y Exteriores), que aplican criterios distintos sobre el estatus de los auxiliares. Sin embargo, la Junta también ha fallado en su capacidad de presión y negociación:

– No ha exigido con suficiente firmeza una solución al Gobierno central antes de llegar a este punto.

– No ha presentado alternativas claras, como acuerdos transitorios para evitar perjudicar a los centros educativos.

¿Qué consecuencias tendrá para la educación andaluza?

La suspensión del programa perjudica directamente a:

– El alumnado: (aprox. 1 millón de estudiantes) pierde un valioso recurso para el aprendizaje de idiomas.

– Los auxiliares: quedan en un limbo legal y económico. 1800 personas con sus papeles arreglados, billetes de vuelo comprados, un año de su vida organizado, que se enteran apenas un mes antes de que todo eso salta por los aires.

– Los centros educativos: ya contaban con este apoyo para el próximo curso.

Llama la atención que en otras comunidades el programa siga funcionando, mientras que en Andalucía se ha optado por la suspensión. Esto sugiere que, más allá del conflicto competencial, ha faltado agilidad y voluntad de la Junta para buscar soluciones, incluso provisionales.

En definitiva, la Junta tiene parte de razón al señalar la descoordinación del Gobierno central, pero su gestión ha sido tardía e ineficaz. En lugar de limitarse a culpar al Ministerio, debería haber actuado con mayor diligencia para proteger un programa esencial para la educación bilingüe. Ahora, el resultado es un perjuicio doble: multas millonarias y la pérdida de una herramienta pedagógica clave. Exigimos:

– Al Gobierno central, un marco legal claro.

– Negociar un acuerdo temporal mientras se resuelve el conflicto.

– Evitar que los errores burocráticos los paguen estudiantes y auxiliares.

La educación no puede ser rehén de disputas administrativas. Ambas administraciones deben asumir su responsabilidad y rectificar.

Desde CGT proponemos que se retiren, si no entera, un trozo de cada una de las placas colocadas en la puerta de los centros (la parte proporcional a la labor de auxiliares de conversación). Podrían quedar así: NTRO LINGÜE. O quizás, menguando, menguando, mejor TRO LIN para hacer referencia a las mentiras del programa.

No olvidemos tampoco que los centros concertados (y los privados 100 %) no se verán afectados porque pagan a sus auxiliares con el dinero de sus fundaciones (de sus familias, perdón). De esta forma, la consejería sigue con su práctica de degradar por aquí, prestigiar por allá. Todo calculado.