Salud mental y educación

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El pasado 10 de octubre, y con motivo del día de la salud mental, muchos centros educativos andaluces celebraban esta efeméride para señalar la importancia de blindar este servicio público y recordar a la Administración que el modelo médico imperante en el sistema de salud mental andaluz está obsoleto.

Así, la AAPSM (Asociación Andaluza de Profesionales de Salud Mental) se ha hecho eco de su posicionamiento en relación a las prácticas en Salud Mental, basadas en un modelo médico, basadas en la enfermedad.

Quienes nos dedicamos a la docencia sabemos bien la necesidad de darle una vuelta a esta forma de proceder a la hora de afrontar el malestar psíquico de la población y, en particular, de los alumnos y alumnas de los centros educativos andaluces.

A menudo nos encontramos con una frustrante incapacidad para coordinarnos con salud mental, y así poder compartir información con los profesionales de las Unidades de Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia, una información que, de fluir como debiera, sería de gran utilidad para acompañar a los menores que debutan con sintomatología. Y sería de gran utilidad, tanto para los profesionales de la salud mental como para los de la docencia, quienes a menudo nos despedimos los viernes de alumnos y alumnas preocupados por su estado psicológico durante el fin de semana, incluso en ocasiones temiendo que puedan llegar a hacer una locura sin que podamos hacer más por ellos y ellas.

Es frecuente que nos sea imposible comunicarnos con los profesionales de la salud mental porque se encuentran desbordados desde hace años. No existe un canal directo de comunicación entre docentes y psiquiatras y/o psicólogas. A lo largo del curso, en varias ocasiones, existen reuniones de coordinación entre salud mental y los EOE de zona, pero son contactos, en la mayoría de los casos, insuficientes.

A la Administración se le llena la boca con palabras altisonantes de protección al alumnado y expresiones como “hablemos de salud mental” que luego quedan solo en eso: palabras vacuas y carentes de contenido y voluntad. Un ejemplo de esa falsa preocupación de la Administración educativa por la salud mental de los alumnos y alumnas es la creación del malogrado pseudopuesto específico Orientación Educativa de Bienestar Emocional (Salud Mental). Y decimos “pseudo” porque no es exactamente un puesto específico (la Administración quiere hacer pensar que sí a la comunidad educativa), en tanto este curso académico no se han adjudicado las plazas con el proceso de colocación de efectivos, sino en uno de los primeros procedimientos de cobertura de vacantes de la plataforma SIPRI.

La obsesión de la Consejería por proyectar una imagen de compromiso y preocupación por la Salud Mental en los centros educativos que luego no se concreta en hechos claros y concretos viene de lejos. Tras la creación de este pseudo puesto mencionado se hizo público, a bombo y platillo, el Protocolo de Prevención de Conductas Suicidas, un protocolo que no previene y que no establece grados de vulnerabilidad, sino que incluye todos los casos, independientemente de su casuística y elementos psicosociales, en un cajón de sastre demencial que solo consigue saturar más las urgencias y las Unidades de Salud Mental Comunitaria.

Estos puestos de Bienestar Emocional son unos puestos pensados para que los orientadores y orientadoras trabajen en las Delegaciones Territoriales de Educación de cada provincia. Es conocido el hecho de que durante el curso 2023-2024, en algunas provincias, se estuvo impidiendo que los orientadores y orientadoras de Bienestar Emocional hicieran el trabajo para el que se les adjudicó el puesto. Esto es, salir a los centros a llevar a cabo labores de asesoramiento en materia de suicidio y conductas autolíticas. Esto significa que, en algunas provincias, los casos de ideación suicida y autólisis no han sido atendidos debidamente, con todas las consecuencias y riesgos para la integridad física y emocional de cientos de alumnos y alumnas.

La desesperanza que provoca la burocracia entre los profesionales de la docencia en general y entre los de la orientación educativa en particular se agudiza cuando se tiene constancia de que un alumno o alumna de un centro educativo andaluz verbaliza su deseo de morir o de llevar a cabo conductas autolíticas suicidas. En ese momento se pone en marcha un guateque de papeleo, comunicaciones, Anexos y reuniones absurdas con el objeto de dejar constancia de hechos y medidas para que parezca que la Administración vela por la salud mental de los alumnos y alumnas, pero que en la práctica es lo mismo (o menos) que no hacer nada.

Cuando un alumno o alumna sufre una crisis emocional en un centro educativo (algo que, según las estadísticas, cada vez sucede con más frecuencia), en muchos centros educativos, debido a la masificación, no hay espacios habilitados para dar una respuesta de acompañamiento para atenuar ese sufrimiento mientras los servicios de salud mental se hacen cargo de forma más específica y elaboran una respuesta clínica acorde a las circunstancias psicosociales de la paciente.

Produce congoja observar las expectativas que albergan las familias de los alumnos y alumnas con problemas de salud mental y la confianza que depositan en el sistema de educación andaluz cuando nos piden que intentemos ayudar a sus hijos e hijas, porque sus problemas psicológicos están afectando a su rendimiento académico. Familias que, en la mayoría de los casos ignoran la escasez de profesionales de la orientación educativa para dar una respuesta acorde a la magnitud de estos problemas de los adolescentes.

Es habitual que los y las profesionales de la orientación educativa estén expuestas a ratios muy por encima de la deseable (un orientador/a por cada 250 alumnos), algunas veces incluso superando el doble y el triple de esta.

Por último, y no por ello menos importante, está la proliferación de pseudoprofesionales de la salud mental que están, poco a poco, y con la connivencia de la Administración educativa andaluza, haciéndose un hueco en altas esferas de la formación del profesorado.

Las constelaciones familiares y la Gestalt parecen haber seducido a las responsables de la formación del profesorado de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Un caso sonado es el de la formación de los orientadores de Bienestar Emocional en la primavera del 2022 para afrontar, en los centros educativos, los casos de duelo, ideación suicida y conductas autolíticas. Es preceptivo recordar que la Gestalt y las constelaciones familiares nunca han aportado la más mínima evidencia científica de su eficacia.

Es común encontrar, entre los y las formadoras del profesorado, a quienes aseguran que los conflictos, las preocupaciones familiares, las culpas no asumidas y los comportamientos problemáticos viajarían y afectarían a sus descendientes futuros.

Esta práctica pseudocientífica también utiliza a menudo conceptos carentes de fundamento empírico como el inconsciente colectivo, la resonancia mórfica o campos morfogenéticos o el triángulo dramático, extraído del Análisis Transaccional.

Según el psicólogo José Miguel Cuevas, las constelaciones familiares plantearían que “El sufrimiento actual de la persona sería un síntoma consecuente de su intento de equilibrar, de forma inconsciente, todas las desgracias vividas por sus antepasados”

Y esto, compañeros y compañeras de la docencia, es lo que tenemos en este sistema educativo con mucha abnegación profesional pero, en demasiadas ocasiones, aquejado de una inoperancia apabullante.

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