Profesores al límite, la asignatura pendiente
Desde CGT llevamos años señalando que la salud mental docente es la gran asignatura pendiente de unas Administraciones que, hasta hace nada, trataban este drama como un tabú. Si bien nuestra acción se había centrado en el alumnado —ante las alarmantes tasas de suicidio, ansiedad y fobia escolar—, hoy alzamos la voz para denunciar que quienes sostienen el sistema, el profesorado, han llegado a su límite.
Nuestras aulas ya no son solo espacios de aprendizaje. Hoy, enseñar no es solo transmitir conocimientos; es enfrentarse a diario a un escenario donde la precariedad económica de las familias se une a la falta de recursos para atender la salud mental y a tensiones culturales que la Administración se niega a resolver en su origen. No somos psicólogos, ni trabajadores sociales, ni jueces; somos trabajadores de la enseñanza que exigen poder enseñar.
El deterioro de la enseñanza: Estrés y agotamiento sistémico
Por ello, la enseñanza en España enfrenta un grave deterioro, con profesores experimentando altos niveles de estrés y replanteándose su futuro en la profesión. La burocracia asfixiante, las ratios abusivas, las faltas de respeto y la presión externa han generado un clima de estrés crónico.
La realidad es demoledora: uno de cada cinco docentes de Secundaria se plantea abandonar la profesión en los próximos cinco años. No es falta de vocación, es agotamiento sistémico. La jornada no acaba en el aula; se extiende hasta el infinito entre informes individualizados, burocracia inútil y plataformas digitales que devoran nuestro tiempo personal. Vivimos bajo la dictadura de la «gestión» mientras la labor pedagógica queda relegada a un segundo o tercer plano.
Desprotección institucional y burocracia vacía
Los y las docentes nos encontramos en la primera línea de choque, asumiendo roles que no nos corresponden para paliar las carencias de un sistema que nos abandona. Mientras las ratios siguen sin bajar (este curso que viene tampoco bajarán) y la carga burocrática se vuelve asfixiante, el profesorado sostiene sobre sus hombros un peso emocional insostenible. Según datos recientes, más del 70% del colectivo sufre ansiedad, una cifra alarmante.
Esa misma Administración que nos pide «resiliencia» nos asfixia con una burocracia que no mejora la vida del alumnado, pero erosiona la motivación profesional. Se llena la boca con la palabra «inclusión», un avance irrenunciable, pero la realidad es que nos obligan a aplicarla sin recursos, sin orientadores y sin el personal de apoyo necesario. Inclusión sin inversión es, sencillamente, maltrato docente.
El aula como termómetro de la crisis social
La escuela es el termómetro de nuestra sociedad. Cuando detectamos actitudes xenófobas en clase o nos vemos forzados a la autocensura al hablar de memoria democrática por miedo a represalias, es que el sistema está fallando. La creciente agresividad de un sector de las familias y el abandono de las direcciones no son casos aislados; son el síntoma de un modelo que desprecia la autoridad del conocimiento y la dignidad del trabajador docente.
Nuestras exigencias por una educación pública digna
Desde CGT lo decimos claro: no vamos a gestionar crisis sociales con «buena voluntad», exigimos apoyos estructurales reales. La crisis del profesorado es la crisis de la educación pública. Por eso, exigimos:
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Reducción drástica de la carga lectiva y burocrática: Menos papeles y más tiempo para preparar y atender al alumnado.
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Bajada inmediata de ratios: Es imposible atender la diversidad en aulas masificadas.
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Protección jurídica y psicológica real: Fin de la impunidad ante el acoso y las agresiones.
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Inversión en personal especializado: Más psicólogos escolares y orientadores en los centros.
Cuidar la salud mental de los docentes no es un privilegio corporativo; es la única garantía de que la escuela pública siga siendo un lugar de futuro y no un escenario de supervivencia.
¡Por una enseñanza pública digna y con derechos!