El jueves 21 de Junio de 2018, las organizaciones sindicales FASE-CGT (Federación Andaluza de Enseñanza de la CGT), Confederación Nacional del Trabajo de Andalucía (CNT Andalucía), Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT) y la Unión de Sindicatos de Trabajadoras y trabajadores en Andalucía (USTEA) han denunciado públicamente en rueda de prensa los servicios mínimos abusivos impuestos tanto por la Consejería de Educación como por la de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía en las huelgas que vienen desarrollándose en servicios públicos.
Estos servicios mínimos son del 100% en los exámenes en la educación universitaria, y en el caso de las enseñanzas no universitarias abarcan la totalidad de actuaciones relacionadas con la calificación de todas las materias. Por lo tanto, se trata de servicios mínimos abusivos que conculcan el derecho a huelga. Según las organizaciones sindicales convocantes, la Junta de Andalucía ha intentado desactivar el derecho a huelga y ha demostrado que, en el fondo, sólo le preocupa que evaluemos. No le importan las clases ni las condiciones de precariedad de buena parte del profesorado andaluz.
En esta línea, los sindicatos aportan como pruebas evidentes de este ataque directo al derecho a huelga por parte de la Junta de Andalucía varias sentencias recientes en las que la Junta de Andalucía ha sido condenada en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por vulnerar el derecho a huelga. Por ejemplo, el pasado mes de febrero de 2018, el TSJA dio la razón al Comité de Empresa de la Universidad de Sevilla, estimando que los servicios mínimos planteados por el Rector y la Junta de Andalucía fueron desproporcionados y no justificados.
En la misma línea, el TSJA anuló este mes de junio los servicios mínimos impuestos por la Junta de Andalucía para la sanidad pública durante la huelga feminista del pasado 8 de marzo, en respuesta a una demanda de CGT-A. Igualmente, en mayo de este mismo año, el TSJA declaró ilegales los servicios mínimos impuestos por la Consejería de Empleo en el mantenimiento del servicio público de emergencias 112.
Este abuso de autoridad, que atenta contra el derecho a huelga, queda aún más en evidencia cuando, de cara a otras convocatorias de huelga, no se impusieron servicios mínimos, como ha sucedido en numerosas ocasiones en la Universidad Hispalense. De forma parecida, en la huelga de la Educación no universitaria que comenzó el 12 de marzo, a la Consejería le pareció suficiente con un miembro del equipo directivo por centro. Por el contrario, en la presente huelga se establece como servicios mínimos todo el personal necesario para las evaluaciones.
Actualmente, están interpuestas demandas por los servicios mínimos de las huelgas de profesorado interino en la Educación pública no universitaria en Andalucía y de Profesorado Ayudante Doctor y Contratado Doctor interino en educación universitaria en las universidades de Granada, Málaga y Sevilla.
Los sindicatos también han anunciado que, de seguir la Junta de Andalucía en la misma línea de vulneración de derechos fundamentales, se plantean acudir al Defensor del Pueblo Andaluz y a cuantas instancias fuese procedente.