¿Qué hay detrás del anuncio de la Consejería de unificar al alumnado de Infantil y Primaria con el de Secundaria en un mismo centro?
¿Se trata de un globo sonda y de otra ocurrencia del Consejero o hay algo más detrás?
En un periodo en el que el descenso de la natalidad va a empezar a notarse progresivamente en la Secundaria, ¿es casual esta propuesta? Las distintas Delegaciones Territoriales ya están buscando centros para llevarla a cabo. A la vez que salía en prensa el anuncio del Consejero, en un centro de Granada se escuchaba que había sido uno de los elegidos, sin tener claro el tiempo y forma de recolocar 20 unidades de ESO y Bachillerato y a su profesorado.
Ahora mismo la privada concertada lo oferta como reclamo y es un criterio que pesa en la decisión de las familias, aunque solo sea por comodidad. La identidad de clase sigue pesando mucho. Nada de mezclarse con alumnado extranjero o con el de necesidades educativas especiales, no sea que se les pegue algo.
En una sociedad hiperproteccionista, iniciativas como esta pueden ganarse el visto bueno de las familias, temerosas de los cambios de sus criaturas. El miedo funciona muy bien como arma política y como negocio. Tampoco hay que desdeñar el factor epidémico: un centro lo hace, se vende como algo útil y necesario, y rápidamente habrá familias que lo pidan: no van a ser menos que las del otro centro. ¿Les suena?
Pero ¿hasta qué punto es «seguro» (pensarán algunas familias) que convivan en un mismo centro menores de 3, 4 o 5 años con adolescentes y jóvenes de hasta 18 o más? ¿La «ventaja» de evitar cambios prevalece sobre el hecho de tener centros con alumnado con esas diferencias de edad?
Para llevar a cabo esta medida, partimos de la base de que los centros deberían estar diseñados y equipados para ello. Sin embargo, la actual red de centros públicos en ocasiones, por falta de espacio (¿quién no ha visto barracones o salas de profesorado, bibliotecas y otras dependencias reconvertidas en aulas?) no reúne condiciones para escolarizar los niveles que le corresponden, por lo que mucho menos estaría en situación propicia para insertar otros. ¿Entonces cómo piensa hacerlo la Consejería? ¿Va a reducir de una vez la ratio de todos los niveles?
Si lo que el Consejero pretende es una remodelación de la red de centros, mucho nos tememos que va a ser una reestructuración traumática para los públicos. Si se pone en marcha esta medida, es evidente que los próximos recortes van a venir por las infraestructuras y el personal. La unificación supondría: cierre de centros, pérdida de unidades, desaparición de escuelas rurales, reducción de plantillas, numeroso profesorado suprimido y desplazado, pérdida de PAS, reducción de equipos directivos…
¿Pero qué Educación quiere el Señor Imbroda?
Una persona que repite que hay que despolitizar la educación y sus taras ideológicas; que está abierta al cheque escolar (solo dice que, de momento, no lo contempla); que no vería mal una clasificación de centros (al más puro estilo mercantilista para conseguir clientes); que quiere implantar la zona única; que propone avanzar en el concierto de los bachilleratos; que ha puesto en marcha un mapeo de las necesidades de las empresas para ajustar la oferta educativa de la Formación Profesional en función de aquellas para que ahorren costes y tiempo; que está abierta a la colaboración público-privada; que dice que el debate pública/concertada es estéril; que habla del complejo de inferioridad de la pública (de ahí el deseo de arrinconar a la privada concertada). En definitiva, se trata de alguien que apuesta sin prejuicios por los conciertos y la creación de centros elitistas y guetos en la pública, que tiene mentalidad empresarial, no de defensa de lo público. Ni siquiera le ha hecho falta decir, como a Emiliano García-Page (presidente de Castilla La Mancha), tras las declaraciones de la Ministra Celaá, que su comunidad autónoma va a ser un refugio para la concertada. Se da por descontado.
La cuestión es que estamos en una situación crítica, puesto que la educación pública corre el riesgo de convertirse en subsidiaria de la concertada, como prácticamente está ocurriendo ya en Granada, Cádiz o Linares. Con esta medida se puede estar trazando el mapa de una nueva red de centros públicos. Por eso: o se toca la concertada o la pública quedará como algo residual en 2030.
Desde CGT exigimos una única red de centros 100% públicos. Eliminación de los conciertos. Ni una unidad pública menos y recuperación de las perdidas en la última década.
Señor Consejero, aclare sus intenciones.