Sorprende ver el revuelo que ha causado la noticia de los funcionarios del Banco de España que cobraban en negro por preparar oposiciones. Sorprende que sorprenda, ya que cualquier persona que haya opositado conoce el negocio que preparadores, academias, universidades privadas y sindicatos tienen montado alrededor del proceso. Y aunque aquí nos centremos en Educación, ocurre lo mismo en todos los sectores.
Aunque los funcionarios públicos no podemos realizar otro tipo de actividad laboral, existen una serie de excepciones a las incompatibilidades entre las que se encuentra la preparación a oposiciones. El número de horas dedicado a esta actividad no puede exceder de las 75 anuales, pero aquí los docentes juegan con ventaja porque siguen el calendario escolar, que abarca dos años naturales distintos y por lo tanto podrían dedicar hasta 150 horas. En otro tipo de oposiciones, este requisito simplemente se incumple.
¿Qué ocurre con los pagos?
Si una persona funcionaria docente quiere trabajar en el sector privado, no puede recibir más del 30% de las retribuciones básicas. Es decir, un docente de Secundaria no podría excederse de los 360 euros y uno de Primaria, de los 300. Además, debería comunicar esta actividad a la Administración.
Pero ya sabemos que en realidad esto no funciona así: ningún preparador comunica nada a la Administración, en ocasiones se exceden de las 150 horas (cuando se va acercando la fecha, muchos opositores “contratan” clases privadas) y cobran en negro bastante más del 30% de su salario base.
Podríamos pensar que las academias llevan todas las gestiones de manera legal, pero no. También defraudan: por más que tengan un CIF, el pago a las personas que preparan se hace en negro, sin facturas ni recibís y bajo la etiqueta de aportación voluntaria.
¿Cuánto dinero cuesta prepararse unas oposiciones?
El precio de un preparador suele oscilar alrededor de los 200 euros mensuales, algo más barato si el opositor se decanta por una academia. A menudo, los materiales se cobran aparte o el preparador no da todos los temas para que la persona continúe al menos un año más. Si, por ejemplo, alguien decide empezar a prepararse en febrero en lugar de en septiembre, es habitual que se le cobren los meses anteriores (de septiembre a enero). Por tanto, quien decida prepararse oposiciones se gastará en un curso escolar unos 1800 euros solamente en las clases de preparación. Si no consigue plaza a la primera, como suele ocurrir, la cantidad irá aumentando.
En cuanto a la persona que prepara, si la clase tiene a 10 opositores, se embolsará en negro unos 2000 euros. Pero es que además, muchos preparadores suelen tener dos grupos o elevan el número de alumnos por clase. Estaríamos hablando de unos 4000 euros mensuales libres de impuestos. 36000 euros por año de oposición por 20 alumnos.
Por si fuera poco, los preparadores pueden ser elegidos miembros de un tribunal de corrección de oposiciones. Al no ser preparadores de manera oficial, no presentan ningún documento que los exima, pudiéndose llegar a dar el caso de que les toque examinar a personas a las que ellos mismos han preparado y utilizar como plantilla de corrección sus propios materiales, como se denunció en Huelva hace unos años.
En situaciones así, por más que las personas afectadas lo denuncien, lo cierto es que poco se puede hacer: es su palabra contra la del preparador y su alumnado, ya que no hay ninguna prueba (ni facturas, ni recibís, ni transacciones bancarias) que demuestre que determinado miembro del tribunal es además preparador. Ante la falta de ética profesional de algunas personas, su impunidad a la hora de cometer una ilegalidad y el agravio comparativo que supone para el resto de opositores, la Administración mira hacia otro lado y deja hacer.
Con el baremo también se hace negocio
Para conseguir los 2 puntos del tercer apartado del baremo (Otros méritos), los opositores acostumbran a recurrir a academias, universidades privadas y sindicatos. Estos últimos suelen hacer ofertas para afiliados y así consiguen que además de realizar el curso, te afilies. El precio de cada curso de 100 horas suele rondar los 100 euros. Cada crédito (3 horas) cuenta 0,2 puntos. Así, para conseguir el máximo en este apartado, cada opositor se gasta entre 300 y 400 euros. El cambio continuo de baremo y de puntuación asignada a este apartado lleva a algunas personas a gastar más dinero aún: ha habido años en los que se podían conseguir hasta 4 puntos en este apartado (más puntos, más cursos y más dinero que quizás en la siguiente convocatoria no sirvan para nada).
En el apartado 2 (Formación académica) también se puede rascar algo por unos 1500 euros. Cada máster da 1 punto, así que no son pocos los que deciden realizar alguno (no vamos a entrar aquí en que el precio desorbitado de estos estudios postobligatorios y la dedicación casi exclusiva que requieren hacen que cursar uno sea del todo incompatible con no tener ingresos o trabajar). Además, hay universidades como la de Granada que ofrecen y publicitan la realización de un máster doble en un año y medio para conseguir 2 puntos. Al menos desde hace un par de convocatorias, los másteres tienen que estar relacionados con la especialidad por la que se opta. Antes, ni eso.
Los sindicatos tampoco se quedan atrás en el negocio de los másteres: en algunos de ellos se hacen descuentos de hasta 2000 euros a la afiliación. Si la persona interesada no está afiliada pero tiene dinero, puede beneficiarse del descuento afiliándose y pagando las cuotas correspondientes a 6 meses.
Afortunadamente, ya no ocurre como hace años, cuando cualquier persona podía mandar, previo pago, un escrito, unidad didáctica, actividad, etc. a una academia privada o sindicato que tenía registrado un ISSN y conseguir puntos por publicaciones.
Si tenemos en cuenta todo esto, no es de extrañar que ningún sindicato de enseñanza salvo CGT defienda el acceso a la función pública de las personas interinas a través de un concurso de méritos. Estamos hablando de que dejarían de ganar muchos miles de euros.
¿Qué proponemos?
La situación actual es a todas luces mejorable: trabajadores públicos (profesores, maestros, inspectores) que se embolsan miles de euros por los que no tributan; opositores que, además de energía y tiempo, tienen que gastar enormes cantidades de dinero para poder competir por un puesto de trabajo fijo, y una Administración que sabe lo que ocurre y que mira para otro lado.
El alcance de este fraude fiscal es mayor del que podemos imaginar. La Administración es cómplice y alienta la corrupción entre el funcionariado porque no persigue a quienes estafan, no ofrece alternativas que satisfagan a todas las partes, y promueve que se siga perpetuando la desigualdad entre quienes pueden permitirse preparar oposiciones y quienes no.
¿Acaso no podría ser la propia Administración la que se hiciese cargo de la preparación de opositores como se hace en otros países en los que tanto los cursos para obtener baremo como las clases para saber cómo afrontar el examen, los casos prácticos, la elaboración y defensa de programación y unidades, etc. corren a cargo de Educación y con unas tasas fijadas por el Estado?