En el año más crítico, en el momento más complejo y con el mayor número de participantes de la historia, la Junta de Andalucía se ha obcecado en seguir adelante con un proceso opositor de extrema dificultad sin ningún tipo de garantías.
No hay ninguna actuación o planificación que pueda garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad. No hay alternativas para las personas que estén aisladas o enfermas por COVID y no puedan realizar el primer examen. ¿Cuándo y cómo se puede repetir con seguridad? ¿Lo prolongamos a agosto o septiembre? ¿Les quitamos las vacaciones a los tribunales después de este annus horribilis? ¿Lo mismo al personal interino que tiene que realizar la prueba?
Las medidas preventivas no son viables en los espacios masificados y, por otra parte, se dinamita la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con situaciones como la de concentrar a cientos de personas en espacios cerrados en horario de tarde. Situaciones como esta provocarán mareos, graves golpes de calor y lipotimias en espacios que, no dudamos, alcanzarán temperaturas en torno a los 35/40 grados.
Es significativo que se hayan elaborado muchas menos instrucciones para esta convocatoria que para otros procesos anteriores en situación de normalidad y que reine una sensación de caos generalizada en la que nadie sabe cómo actuar en los diferentes supuestos o situaciones.
No contentos con la falta de normativa que resuelva la diversidad de situaciones que se pueden producir, la publicación de los tribunales llega a una semana del inicio, al igual que el listado de incluidos y excluidos. ¿Se podrán conformar todos los tribunales? ¿Hay plazo para resolver errores y fallos en los listados de todo tipo? ¿Qué pasa si se elevan los niveles de alerta COVID en los diferentes territorios o localidades donde se ubican los tribunales?
No faltan tampoco la incertidumbre ni la ausencia de información en alguna especialidad de FP, como la de Procedimientos Sanitarios y Asistenciales, cuyas prácticas aún no se sabe cuándo serán ni en qué consistirán, pues el examen habitual no puede llevarse a cabo sin saltarse los protocolos sanitarios. Y todo esto, a diez días del examen.
Es probable que las “grandes mentes pensantes” de la Junta de Andalucía simplemente esperen que los tribunales y la profesionalidad del funcionariado les salve de nuevo la cara y les resuelva la papeleta como hicieron los equipos directivos a principio de curso ante la indefinición y falta de concreción de las medidas organizativas, porque está claro que la previsión y gestión real de las dificultades brilla por su ausencia.
Tenemos muy claro lo que va a suceder ante la falta de garantías: ¡Sálvese quien pueda!
Luego la Junta se encargará de publicitar la normalidad de un proceso opositor con totales garantías, sin riesgos y se publicarán las estadísticas en las que se dirá que el 99,99% de los tribunales han sido espacios seguros, “salvo algún caso aislado”.
Salud y suerte para todas en la yincana que está siendo este proceso opositor.