En la última década, la educación pública en Andalucía ha bajado un 3 %: del 78,8 al 75,8. Entretanto, la privada ha subido el 1,9 % y la privada concertada, el 1,1 %.
En el mes de las matriculaciones, nos enteramos de que la Consejería de Desarrollo Educativo devolverá 119 millones de euros que debían destinarse a abrir escuelas infantiles 100 % públicas.
Esa es la prioridad de Patricia del Pozo: no abrir centros públicos o ir esquilmando los que existen con cierres de unidades, de líneas y, en última instancia, de centros. Mientras, la privada pagada con dinero de todo el mundo permanece blindada o (en otra vuelta de tuerca) aumenta sus líneas y unidades.
Esto significa menos oportunidades para las familias y el alumnado más humilde y de clase trabajadora, y la pérdida de puestos de trabajo públicos. Si el alumnado entra en la pública en el tramo de 0 a 3 años, lo normal es que después siga en la educación pública. Si, por el contrario, en ese periodo accede a la privada concertada, es mucho más probable que siga por esa vía paralela.