Los datos, fríos y contundentes, desmontan cualquier intento de la Junta de Andalucía denegar la evidencia: ha tendido una alfombra roja a la FP privada-concertada mientras estrangulaba a la pública. La última oferta para 2025-2026, con 9.450 plazas nuevas para la privada frente a 2.588 para la pública, es la guinda de un pastel envenenado que se ha estado cocinando durante años.
Como revela El País, basándose en datos oficiales, la red privada ya acoge a 157.000 estudiantes, triplicando con creces los 50.000 de la pública. Este desequilibrio monstruoso no es casual. Es el resultado de una estrategia política calculada, donde la Junta ha utilizado los fondos públicos, incluidos los europeos, para financiar un «efecto llamada» a grandes grupos educativos, permitiendo que la oferta privada crezca de forma anárquica y especulativa, duplicando su tamaño en cinco años.
Mientras, la red pública, la única que garantiza equidad, calidad y personal docente con estabilidad y derechos, ha sido condenada a la asfixia. Se confirma así un modelo fracturado y desigual: una FP privada-concertada hipertrofiada, financiada con dinero de todos, y una FP pública abandonada a su suerte, incapaz de responder a la demanda social por el bloqueo institucional.
Desde FASE CGT-A denunciamos que esta es una de las privatizaciones más agresivas de un servicio público esencial en la última década en Andalucía, con consecuencias devastadoras:
● Fin de la equidad: La FP pública, históricamente un ascensor social, es desmantelada. Se impone un modelo que segrega por origen socioeconómico y convierte un derecho en un producto de mercado.
● Precariedad laboral estructural: El «boom» de la concertada se sustenta en el abaratamiento del profesorado, con condiciones laborales miserables que perjudican la calidad de la enseñanza. El profesorado público, por su parte, sufre la masificación y la falta de medios.
● Despilfarro y opacidad: Los fondos públicos se destinan a engordar los balances de grandes empresas educativas en lugar de invertirse en infraestructuras y personal público. El crecimiento de la privada, como señala la noticia, responde más a intereses especulativos que a una planificaciónreal de las necesidades productivas.
● Abandono planificado de lo público: Los datos oficiales reflejan una FP fracturada. La Junta no ha reforzado la pública para absorber la demanda, sino que ha elegido deliberadamente externalizarla y privatizarla, incumpliendo su obligación de garantizar un servicio público de calidad.
Exigimos a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional:
· La paralización inmediata de cualquier nueva autorización de plazas en la privada-concertada y la reversión de este modelo de privatización.
· Un Plan de Rescate Urgente para la FP Pública, con una inversión masiva que permita crear decenas de miles de plazas públicas, equiparar recursos y contratar profesorado funcionario para reducir la ratio y mejorar la calidad.
· Auditoría pública y transparencia total sobre la concesión de plazas y el uso de los fondos públicos a la FP concertada.
· Una planificación real y transparente de las necesidades formativas de Andalucía, alejada de los intereses especulativos de los grandes grupos educativos.
No es un error, es la estrategia. Están desmantelando a propósito la educación pública andaluza. No vamos a permitir que el futuro de nuestra juventud y de nuestro sistema productivo dependa de los intereses de unos pocos.
La educación es un derecho, no un negocio.
Por una Formación Profesional 100% pública, de calidad, laica y para todos y todas.
¡No a la mercantilización de la enseñanza!