Y es que las familias se encontrarán metidas en un buen lío cuando se desate una oleada de huelgas en la enseñanza sin precedentes. Todas las personas trabajadoras entenderán que al personal interino de la educación pública no le queda más remedio que ejercer toda su capacidad de convicción para que los políticos del gobierno socialista de la Junta de Andalucía asuman la responsabilidad de garantizarles sus puestos de trabajo.
Las personas trabajadoras saben por experiencia que en sus empresas cuando un trabajador o trabajadora llega permanece en su puesto de trabajo mientras haya faena, salvo que sea expedientado. No entienden que sus hijas e hijos cuando son contratados en su empresa después de estar tiempo en las bolsas, se le deje en la calle y sean sustituidos por otros trabajadores.
Ahora el PSOE en Sevilla y el PP en Madrid pretenden realizar el mayor ERE que se conoce en la educación pública. Van a ser despedidos miles de personas que llevan tiempo trabajando de interinas para las administraciones públicas y sin ningún tipo de justificación. Y es que interesadamente se vulnera el derecho al trabajo confundiendo contratación con acceso a los cuerpos de funcionarios.
Normalmente se accede al trabajo en la función pública docente a través de convocatorias públicas y transparentes para bolsas de empleo. En raras ocasiones se accede al trabajo por convocatorias de oposición. Sin embargo la las administraciones educativas hacen de vez en cuando un reseteo, sacando a concurso oposición todos los puestos de trabajo que ya están ocupados. La consecuencia es doble: primero se cambian unas personas por otras, quitándoles el derecho al trabajo a las que estaban y arrojando por la ventana todo el caudal de experiencia docente positiva acumulado, El segundo efecto es devastador para la ética de quienes aspiran por primera vez a un puesto de trabajo sabiendo que de obtenerlo es porque se lo quitan a quienes estaban ya trabajando. Mientras las plazas que se oferten sean de nueva creación, es decir no ocupadas actualmente, las oposiciones son el más doloroso e injusto sistema que se puede aplicar.
La CGT ya ha convocado huelgas, la primera el 9 de febrero en la enseñanza andaluza, para exigir a la Consejería un nuevo acuerdo de estabilidad del personal interino que garantice su continuidad en el trabajo. Quien que están se quedan es la primera condición que se debe garantizar al profesorado interino. Contra este atropello al derecho reconocido a toda persona trabajadora se revelará la interinidad en bloque por lo que el sistema educativo en este 2018 será un caos. Y toda la responsabilidad es del PP, en Madrid y del PSOE, en Sevilla.
Las familias se van a encontrar en una situación difícil, más cuanto se acerque el fin de curso, porque la huelga `seguro que hará imposible la evaluación y se corre el riesgo de que decenas de miles de alumnas y alumnos pierdan el curso escolar. Exigir daños y perjuicios ya a las administraciones públicas es lo que toca.
Fdo Rafael Fenoy Rico