La consejería realiza menos del 6% de los reconocimientos médicos obligatorios al personal docente de Andalucía.
Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es obligación del empleador (en nuestro caso, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional). En el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales dice que “1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo“. Estos reconocimientos médicos deben ofrecerse por parte de la Administración en varios momentos, tras la incorporación al trabajo, periódicamente en función de los riesgos, después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud y por reincorporación al trabajo tras ausencia prolongada por motivos de salud.
Pero el abandono de los trabajadores y la impunidad con que la consejería incumple la normativa es tal, que realiza el reconocimiento médico solo al 6% del profesorado (el curso pasado se realizó el reconocimiento médico al 5,42% de los docentes de la pública).
Y justo ahora, cuando queda menos de un mes para que finalicen las clases con todo el trastoque que ello conlleva (Selectividad, exámenes, evaluaciones, graduaciones, viajes de fin de estudios, etc.), por no hablar del agotamiento del personal y las altas temperaturas, a la consejería le ha parecido buen momento para, a través de las jefaturas de estudio, enviar mensajes de Séneca a las plantillas informándoles de que “el Centro de Prevención de Riesgos Laborales necesita saber antes del 6 de junio quiénes están interesados en el reconocimiento médico, que tendrá lugar entre el 15 de julio y el 15 de septiembre”.
Ya sabemos que la planificación no es el fuerte de esta consejería, pero lo de citar al personal en verano para que vayan a hacerse el examen médico cuando han tenido 9 meses de curso para hacerlo, es de traca.
En su línea, esta consejería continúa con el recorte de derechos laborales de los docentes:
- No solo no realiza el examen médico a la totalidad de las plantillas, sino que pretende que “los afortunados” a quienes sí se ha ofrecido, pierdan días de descanso.
- Esto se suma a otras ideas brillantes de la consejería para seguir exprimiendo a las trabajadoras:
- Los días por asuntos particulares retribuidos, que en todas las administraciones pueden disfrutarse cuando la persona trabajadora lo desee, solo pueden pedirlos el profesorado durante los períodos no lectivos (y siempre y cuando no haya claustros, evaluaciones, etc.) Es decir, que en la práctica, nos han quitado este derecho que tiene todo el funcionariado a pedir días para para gestiones, acontecimientos sobrevenidos o que no pueden realizarse en otro momento (ir al notario, al Ayuntamiento…) o simplemente, descansar haciendo uso de su legítimo derecho en igualdad de condiciones al resto de trabajadores públicos, así que limitarlos a estos períodos equivale, en la práctica, a eliminarlos.
- Hasta 2021, si una persona enfermaba durante el mes de agosto, tenía derecho a recuperar esos días de vacaciones en el momento del curso que desease. Pero a partir de esta fecha, los días de vacaciones perdidos por enfermedad se perderán igualmente, ya que la normativa obliga a que esos días se cojan durante el período no lectivo (antes del comienzo del curso escolar, después del finalizar el curso escolar, Navidad, julio…). Así que si enfermas en agosto, mala suerte.
- Reducción de un 10% la jornada por razones particulares: ya no se puede pedir la reducción de 1/3 ni de la mitad por cuestiones particulares.
Dice el principio de Hanlon que “nunca atribuyas a la maldad lo que se explica adecuadamente por la estupidez”, pero es que en esta consejería se mezcla todo tanto que ya es imposible de discernir la una de lo otra.