El acuerdo firmado por quienes suman la mayoría social de la Mesa Sectorial con la Consejería de Educación (sindicatos CSIF, CC.OO. y ANPE) se resume en una frase: “pan para hoy y privatización para mañana”.
1500 docentes COVID más que se esfumarán a final de curso (si llegan) sin dejar rastro y que ya estaban sobre la mesa de negociación hace semanas como denunciamos en el comunicado “Se liquida la enseñanza pública andaluza. Razón: Mesa sectorial».
El acuerdo, que algunos sindicatos califican como una victoria, supone en el mejor de los casos una “victoria pírrica” que sacrifica la defensa de la educación pública y abre las puertas de par en par a la privatización que entra con gran fuerza por la puerta de atrás con el borrador de la nueva orden sobre privatización de las enseñanzas de Bachillerato y FP.
Si antes era Imbroda quien nos vendía humo, ahora se suman los sindicatos firmantes, que nos venden como un logro conseguir “reducir” las ratios a 20 en Infantil, 25 en Primaria y 30 en Secundaria cuando es lo que marca la ley. Si el aumento de personal docente no viene acompañado por una bajada de ratios real y efectiva por debajo de lo que actualmente marca la ley, permitiendo la distancia de seguridad, no dejará de ser un parche temporal por mucho que se quiera vender de otra manera.
Por todo esto, la firma de este acuerdo pone una alfombra roja a los pies de la política privatizadora en educación con la legitimación de los sindicatos firmantes. Porque lo que en realidad se ha firmado y pone de tan buen humor al consejero Imbroda es la renuncia a la lucha de estos sindicatos, una “paz social educativa” frente al proceso privatizador que tantos quebraderos de cabeza y mala imagen le estaban suponiendo.
Mientras, el rodillo de la consejería seguirá impunemente con sus planes: eliminando unidades públicas, suprimiendo plazas y desplazando al profesorado en Infantil y Primaria con la excusa de una bajada de natalidad que ya pronto afectará a la ESO y que no será necesaria para conseguir la privatización de Bachillerato y FP que llega directamente por vía legislativa. La estrategia funciona: denostar a la escuela pública, mostrándola en este caso insegura, para mostrar alternativas pagadas con dinero público fuera del servicio público.
Desde CGT, ahora más que nunca, hacemos un llamamiento a toda la comunidad educativa a movilizarse para paralizar este proceso privatizador que conlleva la degradación de la educación pública y la desaparición de la misma tal y como la hemos conocido hasta ahora.
La huelga convocada los días 9 y 15 de octubre es una oportunidad de demostrar que no nos rendimos y que seguiremos luchando por una educación pública y oponiéndonos al proceso privatizador.