El gobierno reconoce en un comunicado del Ministerio de Política Territorial y Función Pública el problema estructural de las administraciones públicas de falta de plantilla estable y elevada temporalidad. Se reconoce asimismo el fracaso de las medidas para la reducción del empleo temporal, que requiere nuevas respuestas tras las ofertas de empleo público de 2017, 2018 y 2019.
En posterior nota de prensa del Ministerio de 15 de junio, la ministra Carolina Darias comunica que se ha reunido por videoconferencia con CCOO, UGT, CSIF, CIG y ELA y han acordado una hoja de ruta en materia de Empleo Público con un calendario de reuniones para explorar un nuevo acuerdo Gobierno-sindicatos, teniendo en cuenta la situación del país generada por la crisis sanitaria del COVID-19.
Ante la posibilidad de que la ministra vuelva a revivir su particular día de la marmota juntándose de nuevo con los mismos interlocutores y repitiendo una y otra vez las mismas medidas que ya ha dado por fracasadas, vemos imprescindible recordar aquí la esclarecedora frase atribuida habitualmente a Albert Einstein: «Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes».
Señora ministra, los sindicatos mayoritarios en la función pública es posible que representen a la mayoría de funcionarios de carrera de la administración, pero no al grueso del colectivo de funcionariado interino que viene tildándolos de traidores desde hace tiempo.
Si se trata entonces de resolver el problema de la elevada temporalidad… ¿no sería más efectivo escuchar a otros colectivos como son las personas directamente afectadas? ¿Ha escuchado las reivindicaciones y propuestas del funcionariado interino? ¿Ha tenido en cuenta las propuestas de otros sindicatos diferentes para salir de este bucle que se ha convertido en un problema estructural en la administración por la falta de plantilla estable?
CGT Enseñanza Andalucía ya rechazó en su momento la firma de este acuerdo por la perversidad que suponía. El acuerdo no solo no venía a solucionar el problema de la estabilidad de las personas que tras años ocupando vacantes estructurales en la administración educativa habían acumulado una gran experiencia con una impecable trayectoria docente, sino que además suponía un ERE encubierto al intercambiar al personal interino que ya estaba trabajando por otro sencillamente más barato. Ahora se constata que el acuerdazo no ha servido más que para satisfacer los intereses recaudatorios de algunos a costa de la matriculación en academias y la necesidad por parte de los aspirantes de realizar multitud de cursos de formación. Mientras tanto, la tasa de interinidad docente e inestabilidad laboral sigue aumentando y acumula un mayor número de personas que aspiran a conseguir un empleo estable y de calidad. Un negocio redondo e infinito.
En su nota de prensa también se dice que las administraciones públicas asumen el compromiso para reducir la temporalidad en el empleo público, y que la Conferencia Sectorial de Administración Pública ha acordado impulsar la reforma del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).
Desde CGT Enseñanza se lo ponemos más fácil todavía para resolver el problema de la temporalidad en el empleo público docente, y sin necesidad de esperar los resultados de esta reforma del estatuto. El actual texto del EBEP, en su artículo 61.6 recoge la previsión legal que habilita el concurso de méritos como forma de acceder a la función pública. Dos son los requisitos que lo facultan. El primero de ellos, que lo sea de manera excepcional. El segundo exige que dicha previsión se desarrolle, igualmente, a través de Ley.
En la administración educativa la situación de excepcionalidad está hoy más que justificada por los siguientes factores:
- La elevada tasa de interinidad docente, cercana al 25%: unas 130.000 personas.
- El fracaso, reconocido por el propio Ministerio, del compromiso de reducción de esta tasa de interinidad al 8%.
- La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el fraude de ley que supone el mantenimiento de estas elevadísimas cifras de contratación temporal.
- El estado de alarma que sufrimos por la presencia del Covid-19 que ha provocado el aplazamiento de las oposiciones docentes y genera serias dudas sobre cuándo se van a volver a poder realizar de forma masiva y con garantías.
- La recesión económica y el inicio de una nueva crisis del sistema capitalista que puede poner en suspenso futuras convocatorias de empleo público como ya sucedió con el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
Respecto al segundo requisito referido a la modificación legislativa necesaria, desde la Federación Estatal de Enseñanza de la CGT nos hemos comprometido, en cuanto el estado de alarma lo permita, a presentar e iniciar los trámites de una ILP en la mesa de la Cámara del Congreso que promueva una Ley para la obtención de la condición de funcionario público de carrera en el ámbito educativo a través de un concurso de méritos.
Con la presentación de esta ILP, CGT Enseñanza pretende avanzar en la consecución de una de las demandas históricas de este colectivo para conseguir la estabilidad recogida en su tabla reivindicativa, como así refleja, por ejemplo, el acta de la primera asamblea andaluza de docentes interinos realizada en Antequera el 24 de febrero de 2018.
La estabilización del profesorado interino es una cuestión de justicia y a su vez garantía de una mayor calidad educativa por la formación, conocimiento y años de experiencia acumulada. Dejemos de repetir los mismos errores una y otra vez con un colectivo que ha demostrado con creces su capacitación docente y que ha accedido a sus puestos a través de procedimientos que garantizan los principios de igualdad, capacidad y mérito.
Hoy más que nunca le exigimos a la administración educativa que garantice que
¡QUIENES ESTÁN SE QUEDAN!