El carpetazo judicial de la Fiscalía a la denuncia por el nombramiento como directora interina de M.ª Dolores Moreno Bonilla nos remite al comunicado publicado por FASE CGT en agosto de 2019 explicando el procedimiento y la normativa.
Según la Fiscalía, el nombramiento se hizo “cumpliendo con lo establecido en la norma” y “se ajustó” a lo que especifica el decreto 153/2017.
El resto, seis meses de instrumentalización política, mediática y sindical para sacar rédito a costa de vapulear, cuestionar y exponer públicamente a diferentes trabajadoras y colectivos profesionales de la administración educativa.
Lamentablemente, con el único argumento de unos apellidos, se han cuestionado los criterios técnicos de los informes de la Inspección Educativa y a los profesionales que los realizaron, cuando ni siquiera son vinculantes, sacando a la palestra la información privada contenida en los mismos. Una grave e interesada irresponsabilidad por la que alguien tendrá que responder en algún momento.
Quienes ahora se rasgan las vestiduras son las mismas personas que aprobaron y utilizaron esta norma de forma sistemática sin cuestionarse nada hasta que han cambiado los vientos. Y quienes antes callaban hoy elevan preguntas a sede parlamentaria o anuncian denuncias a bombo y platillo amplificadas por los medios afines.
Las conclusiones de la Fiscalía han dejado a cada cual en su sitio, pero este patético intento de lavado de cara a costa del desprestigio de los demás va a conllevar una serie de consecuencias negativas para los profesionales de la educación:
- Inseguridad y dudas sobre la privacidad de los informes y protección de datos de las personas que aspiran a ocupar cargos directivos.
- Mayor opacidad del servicio de inspección hacia las personas participantes en los procedimientos a la hora de realizar los informes técnicos para la elección de los perfiles más adecuados para los cargos directivos, limitando la comunicación y cercanía a las mismas por miedo a las filtraciones.
- Incremento de la discrecionalidad a la hora de los nombramientos de futuros cargos directivos por parte de las diferentes delegaciones territoriales.
¿Cabe alguna posibilidad de que se produzca un cambio normativo que apueste por un modelo de selección de directoras y directores verdaderamente democrático en donde el mayor peso en la decisión lo tuviera la comunidad educativa en última instancia?
CGT seguirá luchando por ello junto al resto de la comunidad educativa.