Si acudimos a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, actualmente en vigor, y nos situamos en el artículo 22, titulado “Vigilancia de la salud”, leemos lo siguiente: “El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.”
Sin embargo, los responsables de la administración pública andaluza parecen no darse por aludidos. O tal vez crean que el personal a su cargo goza de una salud inquebrantable. O que el trabajo en las aulas no conlleva riesgo alguno. Efectivamente, si preguntamos al personal docente, es frecuente recibir alguna de las siguientes respuestas: “En mi centro no se hacen reconocimientos desde hace años”, “Nuestro centro lo ha solicitado repetidamente en los últimos años, pero nunca llega”, “No sabemos si debemos solicitarlo o si se nos convoca directamente desde delegación”. “Llevo veintisiete años en la enseñanza y solo una vez me han chequeado la salud”. Muchas de las personas que trabajan en la enseñanza pública han recibido solo una (en ocasiones, ninguna) revisión médica a lo largo de toda su carrera. No hay establecida ninguna periodicidad ni planificación.
¿Cómo es esto posible? En primer lugar, como siempre, por la falta de recursos. El organismo encargado de realizar estos controles al personal de todas las delegaciones de cada provincia es el Centro de Prevención de Riesgos Laborales provincial, perteneciente a la Consejería de Empleo. Sorprendentemente, para afrontar todo este trabajo se cuenta con personal insuficiente. En Huelva, por ejemplo, solo se dispone de tres médicos especialistas en este servicio. Así, a razón de quince exploraciones diarias, es fácil comprender por qué las revisiones nunca llegan.
En segundo lugar, los centros educativos no reciben una información clara sobre cómo y a quién pedir estos reconocimientos. ¿Deben dirigirse directamente al propio Centro Provincial de Prevención? ¿Al servicio de Prevención de la Delegación de Educación? ¿Se les convoca automáticamente?
En tercer lugar, cuando se deciden a solicitarlo, encuentran ciertas trabas burocráticas. Es necesario que toda la plantilla firme en un documento, también quienes no desean someterse al reconocimiento. Ello ralentiza el envío de la solicitud a delegación, especialmente en centros grandes. Así, la lista de centros en espera de su revisión no engrosa demasiado deprisa.
De entre todas las delegaciones, obviando Sanidad, la plantilla más numerosa corresponde a Educación. Sin embargo, la Delegación de Sanidad tiene su propio servicio para efectuar los reconocimientos a su personal. ¿Por qué no se adopta una estrategia similar en Educación? ¿O por qué no se refuerza la plantilla del Centro de Prevención de Riesgos Laborales? ¿Tal vez el objetivo sea, a medio plazo, externalizar y privatizar estos reconocimientos, como ya se ha hecho con la evaluación de riesgos en los centros educativos, así como con la formación al profesorado en este ámbito?
Desde CGT insistimos: los riesgos propios de la enseñanza NO son de segunda categoría. Hablamos, entre otros, de riesgos psicosociales, de patologías de la voz o de perjuicios en la visión, especialmente a raíz del trabajo a distancia durante el confinamiento o, posteriormente, en régimen de semipresencialidad.
Exigimos a las Delegaciones de Educación y de Empleo que cumplan con su obligación de garantizar la vigilancia de la salud del personal de la enseñanza, tanto docentes como PAS. Aprovechamos la ocasión para aclarar que cualquier centro educativo puede solicitar cada curso un reconocimiento médico para su personal. Simplemente deben solicitarlo al responsable de Prevención, dentro del Servicio de Recursos Humanos, de su Delegación de Educación.