El borrador presentado por la Consejería de Educación no garantiza en absoluto la salud y seguridad de la Comunidad Educativa.
Esta semana ha sido publicado el borrador con las actuaciones que se adoptarán para el inicio de curso. Según CGT, en él no solo no se concretan las medidas que se deben tomar, sino que deja toda la responsabilidad en manos de las directivas y profesorado de cada centro.
El sindicato exige que la Consejería se comprometa a contratar más personal, ya que las tareas burocráticas (del PAS, de las directivas, departamentos, coordinaciones, tutorías… y en definitiva, de toda la plantilla) se duplicarán: adaptación de programaciones a un posible nuevo escenario pandémico; elaboración de informes para alumnado con necesidades derivadas de la situación; reajuste de horarios (en caso de que se oferte enseñanza presencial y telemática y para regular los tiempos de descanso de los grupos); confección de grupos reducidos para garantizar la distancia de seguridad; búsqueda de espacios; etc.
Igualmente, considera que la Administración debe cumplir sus propias normas y reducir las ratios. Si ya antes del confinamiento era inaceptable que hubiese grupos por encima del límite legal permitido, pretender ahora que se mantenga la distancia de seguridad en los mismo metros cuadrados y con las mismas personas es simplemente imposible.
Y por si no fuera suficiente, el consejero, en una nueva puñalada a la Escuela Pública, ya ha manifestado su intención de repartir el fondo que Madrid destina a la educación como consecuencia de la pandemia entre los centros públicos y los privados concertados. Eso sí, todo lo expuesto en el borrador será de obligado cumplimiento para los centros públicos, pero no para los de titularidad privada, incluso los concertados, que podrán adecuarlo a “su propia organización”.
Estos fondos deben ser invertidos únicamente en centros públicos. La Educación Pública andaluza necesita urgentemente una gran inversión económica para incrementar el personal docente y no docente y para mejorar las infraestructuras técnicas, espaciales y materiales. En definitiva, para trabajar con grupos más reducidos de alumnado y garantizar medidas socio-sanitarias de seguridad y prevención.
CGT considera inaceptables estas medidas que el gobierno andaluz pretende llevar a cabo. Por ello, hace un llamamiento a toda la Comunidad Educativa para secundar una posible huelga en septiembre si no se adoptan medidas sanitarias y de seguridad concretas: el descenso de las ratios que permita el mantenimiento de la distancia de seguridad entre todas las personas de un aula; el aumento de inversión en recursos materiales y humanos; destinar todos lo fondos a la escuela pública, no a la privada y la provisión de material sanitario por parte de las administraciones (no de las directivas).